Seis hombres fueron condenados por maniobras fraudulentas que utilizaron cheques electrónicos, tras una investigación dirigida por la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta.
La audiencia se llevó a cabo mediante un juicio abreviado pleno y puso en evidencia la sofisticación de los métodos empleados para engañar a comercios de distintos rubros.
El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo entre las partes y dictó sentencia contra los imputados, que integraban una estructura organizada para defraudar a tres empresas. Los representantes de las firmas afectadas —dedicadas a la venta de elementos de seguridad industrial, lubricantes y artículos para el hogar— aceptaron la resolución judicial.
Durante el proceso se detalló la distribución de tareas dentro del grupo, liderado por Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías. Ambos fueron condenados a cinco años de prisión efectiva como coautores de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y por estafas, en base a pruebas que demostraron una planificación sistemática.
Además de las condenas a los organizadores, el juez impuso tres años de prisión de ejecución condicional a Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz, considerados coautores y miembros de la asociación ilícita y autores de estafas.
Emanuel Nolberto Álvarez recibió una pena de un año de prisión condicional por estafa. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano, según se informó en la audiencia.
La Fiscalía pidió el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación, solicitud que fue aceptada por el tribunal. Tanto la Fiscalía como las defensas renunciaron a los plazos legales para recurrir la sentencia, lo que le da firmeza inmediata.
Según la investigación, entre septiembre de 2022 y abril de 2023 la organización visitó comercios aparentando solvencia para adquirir mercadería por montos elevados. Como forma de pago se utilizaron cheques electrónicos emitidos desde cuentas sin fondos, sabiendo que no serían acreditados, lo que les permitió retirar bienes sin respaldo financiero real y causar perjuicios económicos a las empresas.
La UDEC inició la pesquisa a partir de denuncias de las firmas damnificadas. Los investigadores explicaron que los líderes captaban a jóvenes sin antecedentes financieros negativos, a quienes ofrecían una compensación para abrir cuentas bancarias y tramitar chequeras electrónicas a su nombre.
Una vez abiertas las cuentas, esos individuos acudían a los comercios para realizar compras de alto valor con los cheques emitidos en dichas cuentas. Los montos obtenidos eran luego transferidos a cuentas propiedad de los organizadores o de personas vinculadas a ellos.
El cruce de información permitió a la Fiscalía concluir que los hechos obedecían a una misma modalidad delictiva y eran cometidos por las mismas personas. Entre las pruebas reunidas figuran movimientos bancarios, comunicaciones internas y documentación relacionada con la apertura de cuentas y la emisión de cheques, cuyo análisis fue determinante para acreditar la existencia de una asociación ilícita con roles diferenciados.
La sentencia del juez Leonardo Feans constituye una respuesta judicial ante el uso de herramientas digitales en la comisión de delitos económicos complejos.
