El poder adquisitivo de la población nicaragüense sigue disminuyendo, a pesar de que el Gobierno presenta indicadores macroeconómicos favorables. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) y análisis de La Prensa muestran que tanto trabajadores del sector privado como del público han visto deteriorada su capacidad para comprar bienes y servicios básicos, porque los salarios reales están estancados o aumentan muy poco frente a un costo de vida en alza.
En los primeros cinco meses de 2026, el salario real de los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue de 4,950.8 córdobas (unos 134.50 USD), inferior a los 4,990.5 córdobas registrados en diciembre de 2025, aunque ligeramente mayor que los 4,863 córdobas del mismo periodo del año anterior.
Para los trabajadores del sector público, el poder adquisitivo se ubicó en 4,902.4 córdobas (aprox. 133.19 USD), también por debajo del nivel cerrado a fines del año anterior, que fue de 4,972.9 córdobas.
Solo los empleados de empresas con más de diez trabajadores presentaron una mejora modesta: según una encuesta del Ministerio del Trabajo, en mayo el salario real promedio fue de 4,903.4 córdobas, un aumento de 2.38% respecto al año anterior.
Especialistas advierten que esos incrementos salariales no compensan el encarecimiento de la canasta básica ni la inflación acumulada.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró en mayo un crecimiento de 0.9% en comparación con mayo de 2025 y una expansión acumulada de 3.9% en los primeros cinco meses del año.
No obstante, ese crecimiento macroeconómico no se traduce en mejoras significativas del bienestar general, porque el aumento de los precios de productos esenciales supera con creces las variaciones salariales.
Si se analiza la evolución desde 2007, cuando Daniel Ortega asumió la presidencia, la mejora en el salario real ha sido limitada. En 2007 el salario real de los asegurados era de 4,114.6 córdobas; diecinueve años después la mejora supera apenas el 20.32%. En el caso de los trabajadores públicos, el salario real ha tenido un avance marginal —alrededor del 8.63% desde los 4,512.7 córdobas de 2007— tras registrar variaciones en años intermedios.
Un economista consultado por La Prensa, que pidió anonimato por temor a represalias, señaló que para revertir la pérdida de poder de compra es necesario elevar la productividad laboral y empresarial, áreas en las que el país no ha tenido avances significativos en las últimas dos décadas.
“Un menor salario real implica menos alimentos en la mesa, menor capacidad para cubrir necesidades del hogar y menos recursos para mejorar las condiciones de vida”, afirmó el especialista, quien añadió que la ausencia de un programa nacional que impulse productividad, educación e inversión en tecnología limita las posibilidades de un repunte sostenido del poder adquisitivo.
El experto también destacó la urgencia de priorizar la inversión en infraestructura, diversificar la producción y fortalecer la educación y la investigación. Indicó que Nicaragua sigue exportando productos similares desde hace años, que los esfuerzos previos a 2018 quedaron estancados por la falta de coordinación entre el sector privado y el Gobierno, y que el presupuesto público para educación se ha reducido: pasó del 5% del Producto Interno Bruto en 2007 al 3% en 2025, tras tres años de deterioro consecutivo.
Mientras tanto, el costo de la vida continúa subiendo. En junio de 2026 la canasta básica alcanzó 21,414.20 córdobas, su nivel más alto desde 1990. Solo en los primeros seis meses del año el precio aumentó casi 600 córdobas respecto a diciembre y más de 900 córdobas en los últimos 12 meses, lo que erosiona aún más la ya débil capacidad de compra de la mayoría de los hogares.
En síntesis, aunque los indicadores oficiales muestran crecimiento económico, el poder adquisitivo de los nicaragüenses sigue retrocediendo. Las subidas salariales, cuando se registran, no igualan el ritmo de la inflación ni el aumento de la canasta básica. Para cambiar esta tendencia, especialistas insisten en la necesidad de impulsar una agenda nacional centrada en productividad, inversión y diálogo entre sectores, condiciones que hoy perciben como ausentes en el actual contexto político y económico del país.
