Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 volvieron a funcionar este lunes tras la feria judicial de invierno, lo que permitió reactivar causas de relevancia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Poco antes de comenzar el receso, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que detectó inconsistencias entre los ingresos y los gastos atribuibles a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti.
El detalle del informe se mantiene en reserva, pero fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la DAFI enumeró y desagregó las irregularidades identificadas, presentándolas año por año.
Con ese informe como base, Pollicita retomó este lunes la redacción de un pedido de justificación patrimonial que se apoyará en las discrepancias señaladas por la DAFI. El equipo de investigación continuó avanzando en el expediente incluso durante la feria.
Aún sin fecha definida, la fiscalía solicitará al juez Ariel Lijo que ordene a Manuel Adorni que responda el requerimiento para ofrecer, por primera vez en sede judicial, explicaciones sobre la composición de su patrimonio.
De ese modo, el ex vocero tendrá la oportunidad de justificar formalmente los vacíos y las inconsistencias en sus bienes. En el ámbito público había declarado antes de renunciar que en 2014 invirtió 200.000 dólares en Bitcoin, operación que, según dijo, llegó a traducirse en unos 500.000 dólares que no declaró ni gastó hasta ingresar al Estado.
Si la versión que presente ante la Justicia no despeja las sospechas de enriquecimiento ilícito, el fiscal podría solicitar que Adorni sea citado a indagatoria, paso previo a un eventual procesamiento.
Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la correspondiente a 2025, Adorni consignó una tenencia de 565.000 dólares derivada de una “venta de activos”, sin más precisiones. La investigación busca determinar si ese ítem responde a la conversión de criptomonedas a moneda extranjera.
A partir de la presentación de esas declaraciones, el entonces ministro coordinador del Gabinete recibió una nueva tanda de denuncias ante los tribunales de Comodoro Py.
Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado José Magioncalda, de la Fundación Apolo; y Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz.
En esas presentaciones se advirtió presuntamente una intención deliberada de ocultar patrimonio para eludir el pago de impuestos y los controles exigibles a quien ocupa un cargo público.
El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, prevé penas de hasta seis años de prisión para quien inserte declaraciones falsas en un documento público.
Las denuncias, que inicialmente recayeron por sorteo en distintos juzgados y fiscalías federales de Comodoro Py, fueron unificadas con la causa principal que instruyen Lijo y Pollicita, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Los funcionarios que llevan la investigación consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con distinto encuadre jurídico”. En consecuencia, las sospechas de falsedad ideológica serán investigadas junto con la pesquisa por enriquecimiento ilícito.
