Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, inició su mandato con medidas que muestran un enfoque frontal contra la criminalidad y el fin de las negociaciones de paz y concesiones carcelarias de su antecesor, Gustavo Petro. “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la libertad y la autoridad”, declaró en su primer discurso como jefe del Estado, en el Batallón Pichincha de Cali, ante cientos de militares, poco después de jurar el cargo.
Mientras pronunciaba su alocución, autoridades penitenciarias trasladaron a alrededor de un centenar de presos de alto perfil desde la cárcel La Paz de Itagüí, en las inmediaciones de Medellín, a distintos penales del país.
La mayoría de esos internos habían mantenido diálogos con el Gobierno anterior para intentar acuerdos relacionados con el desmantelamiento de bandas urbanas en el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia, pero no se concretaron medidas efectivas y continuaron actividades ilícitas. Entre los trasladados figuran el conocido José Leonardo Muñoz, alias Douglas, líder de La Terraza y exmiembro de la Oficina de Envigado, así como otros señalados como El Indio y Carlos Pesebre.
De la Espriella también anunció la construcción de prisiones de gran capacidad en un estilo asociado al presidente salvadoreño Nayib Bukele, muy valorado por parte de la opinión pública colombiana por su mano dura contra las maras: “En mi Gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”. Esta medida forma parte de su estrategia para enfrentar a disidencias de las FARC, al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas, que según él se beneficiaron de ceses al fuego y del levantamiento de órdenes de captura durante la política de Paz Total del gobierno anterior.
“Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, afirmó De la Espriella. Añadió que se publicará “un listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos” para enfrentarlos y reiteró una promesa de campaña: “La opción del diálogo está agotada, el Estado fue suficientemente noble y cómplice”.
Datos de la Policía y de la Fiscalía reflejan un aumento de la violencia durante los cuatro años del gobierno de Petro: 752 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, 429 masacres, 767 secuestros y 1.541 atentados terroristas, cifras que, según las autoridades, superan en hasta un 40% las registradas en el periodo anterior con Iván Duque.
El nuevo presidente también se comprometió a combatir la corrupción mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías como blockchain, y a perseguir a los responsables más allá de las fronteras nacionales. “Acudiré a la Justicia de otros países y a los mecanismos de cooperación internacional”, afirmó tras la investidura. El vicepresidente José Manuel Restrepo, economista, prepara un informe sobre irregularidades detectadas en la gestión anterior.
Las recientes revelaciones sobre presuntas irregularidades en el círculo cercano de Gustavo Petro contribuyeron a que pocos simpatizantes acudieran cuando el expresidente dejó el Palacio de Nariño la mañana del viernes, acompañado de su hija y colaboradores. Petro había convocado “al pueblo” en la Plaza de Bolívar y esperaba grandes concentraciones, pero el Ayuntamiento contabilizó solo unas 40 personas.
De manera similar fueron escasas las movilizaciones organizadas por el Pacto Histórico en otros siete puntos de la ciudad, que buscaban expresar rechazo al gobierno de De la Espriella y despedir a Petro.
El analista Jorge Enrique Vélez explicó a EL MUNDO que el Gobierno de De la Espriella representa “un giro contundente, sin matices” y una ruptura con la política de Paz Total. El tono del discurso ante las tropas busca recuperar el monopolio de la fuerza del Estado, derrotar al narcoterrorismo y restablecer una mayor autoridad estatal, que según Vélez constituirá la agenda principal.
Vélez añadió que el Ejecutivo podría tomar medidas de impacto en los primeros 100 días, orientadas a la orden y a resultados rápidos, con una línea política claramente inclinada hacia la derecha y un gabinete técnico que deberá demostrar capacidad ejecutora. No obstante, advirtió que el margen de maniobra es reducido: De la Espriella hereda un país polarizado y enfrentará dificultades para recuperar las finanzas públicas. Destacó asimismo el notable respaldo del sector privado y la importancia de las relaciones con Estados Unidos para el nuevo gobierno.
