El informe reciente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Argentina at a Crossroads, plantea cómo transformar la estabilidad fiscal en desarrollo real, un desafío íntimamente ligado a otras dimensiones del buen gobierno.
El documento se fundamenta en el marco teórico de Robert Lucas Jr., cuya explicación sobre el producto potencial per cápita en economías menos desarrolladas aporta una base para evaluar políticas públicas.
Se sostiene que el crecimiento sostenido exige disciplina fiscal y la libre difusión del conocimiento. La estabilidad fiscal es una condición necesaria —aunque no suficiente— que permite canalizar la inversión pública hacia medidas que promuevan cambios estructurales.
En Argentina, ese cambio debe empezar por la integración territorial, reduciendo brechas logísticas que hoy impiden la circulación eficiente de bienes, servicios, conocimiento y actividad económica.
Integrar territorios implica cerrar vacíos en conectividad que limitan la productividad y el aprendizaje colectivo, y priorizar inversiones que generen efectos multiplicadores sobre la economía local y nacional.
La difusión del conocimiento requiere acceso abierto a evidencia y datos confiables; a nivel territorial, la información geoespacial es clave para identificar áreas cubiertas y detectar, por ejemplo, los llamados “desiertos de transporte”.
Por ello resulta fundamental aprovechar imágenes satelitales, sistemas de información geográfica (SIG) e inteligencia artificial para reconstruir y optimizar la red de conectividad del país.
Durante décadas Argentina buscó corregir desequilibrios fiscales sin resolver una trampa estructural: la desconexión territorial. El informe de la Fed retoma a Lucas al afirmar que alcanzar el potencial nacional exige, simultáneamente, apertura comercial y buen gobierno.
Para los autores Tobías Martínez González y Juan Pablo Nicolini, el “buen gobierno” se articula en la práctica sostenida de la disciplina fiscal. Proponen además convertir esa disciplina en una infraestructura inteligente que conecte regiones, reduzca costos logísticos y aumente la capacidad productiva.
Con estabilidad fiscal consolidada, el Estado puede habilitar planificación estratégica y ofrecer al sector privado herramientas confiables para la toma de decisiones.
Esto implica políticas que reduzcan la fragmentación territorial: identificar zonas críticas, delinear corredores prioritarios y asignar recursos según impactos medibles, de modo que la estabilidad macroeconómica se vuelva una plataforma para inversiones previsibles y efectivas.
Las naciones alcanzan su potencial cuando combinan apertura comercial con buen gobierno; en el caso argentino, esa capacidad depende también de la calidad de sus redes internas de transporte y comunicación.
El modelo de Lucas relaciona la productividad con la capacidad de aprovechar conocimiento global, una dimensión que adquiere relevancia cuando se mira desde la perspectiva territorial.
Hoy Argentina presenta no solo una brecha de productividad respecto a países desarrollados, sino una brecha de conectividad interna que restringe la circulación eficiente de su propio conocimiento y producción.
El concepto de “desiertos de conectividad”, desarrollado por Raúl Katz, evidencia la falta de cohesión interna y las diferencias entre conectividad y atractivo para la inversión. Si avanza la disciplina fiscal, la siguiente frontera será fortalecer el frente productivo, focalizando en zonas con baja densidad de rutas, infraestructura degradada o tiempos de viaje excesivos hasta nodos logísticos y fronteras. En esa tarea los datos precisos, la tecnología satelital y la IA serán esenciales.
Con una base de disciplina fiscal, el Estado puede establecer un diagnóstico continuo apoyado en herramientas geoespaciales: mapear brechas de accesibilidad, cuantificar sus impactos económicos y priorizar intervenciones según retorno socioeconómico comprobable. Así la estabilidad fiscal se traduce en una política territorial inteligente, donde cada peso invertido atiende una necesidad demostrada.
Regiones del norte y oeste, con un PBI per cápita significativamente inferior a la media nacional, muestran patrones que Lucas describió como economías alejadas de su frontera de conocimiento: allí la falta de infraestructura no solo limita el comercio, sino también la capacidad de aprendizaje colectivo.
La integración de imágenes Copernicus, señales Galileo y modelos SIG permite estimar en tiempo real el costo territorial de la desconexión. Superar esas brechas requiere usar datos confiables para priorizar proyectos con retornos tangibles; una política de inteligencia territorial podría, por ejemplo, identificar los 100 corredores rurales y periurbanos cuya mejora tendría mayor impacto productivo y social.
Los autores del informe proyectan que mantener disciplina fiscal podría sostener un crecimiento del PBI cercano al 4% anual; un enfoque adicional que potencie la conectividad podría sumar hasta un punto porcentual si logra integrar plenamente a las regiones rezagadas en los mercados nacional e internacional.
La primera opción congela una geografía fragmentada y perpetúa la dependencia de enclaves extractivos y subsidios ineficientes al transporte; la segunda convierte la inversión en infraestructura en un multiplicador de productividad nacional.
En un contexto de restricciones fiscales, la innovación se vuelve indispensable: la inteligencia territorial permite optimizar la asignación de fondos, priorizando proyectos medibles por satélite e indicadores de impacto socioeconómico.
Los modelos de accesibilidad —medidos por tiempos de viaje a mercados, escuelas o centros de salud— pueden transformarse en estándares operativos de buen gobierno territorial.
Adoptados como métricas públicas, esos modelos facilitan decisiones más transparentes y orientadas a resultados, alineando recursos con prioridades territoriales demostrables.
Como propone Lucas, el crecimiento depende de la libre difusión de ideas y de reglas claras; en la Argentina actual también dependerá de la difusión de rutas, datos y conectividad para abrir oportunidades de desarrollo en todo el territorio.
El autor es Master en Economía (Ilades/Georgetown University) y MSc en geoinformación (Twente University)
