Argentina enfrenta una seria crisis ambiental derivada de la existencia de más de 5.000 basurales a cielo abierto que avanzan sin controles eficaces. Estos vertederos informales no solo concentran residuos domiciliarios, sino también desechos industriales que no reciben el tratamiento correspondiente, lo que implica un riesgo relevante para la salud pública y los ecosistemas.
La Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), organizaciones especializadas en gestión de residuos, alertan que menos del 5% de estos materiales recibe un tratamiento final adecuado y seguro.
De acuerdo con el informe oficial Estado del Ambiente 2023, elaborado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, se contabilizan alrededor de 5.200 basurales a cielo abierto en todo el país. Ese número equivale a más de dos focos de contaminación por municipio en promedio y muestra que, pese a distintas iniciativas, el problema sigue siendo uno de los principales pasivos ambientales pendientes. La persistencia de estas cifras genera preocupación entre los especialistas del sector.
La situación de los basurales a cielo abierto en Rosario
En Rosario la gestión de residuos industriales presenta deficiencias relevantes: solo una porción reducida se trata de manera adecuada y el resto termina en vertederos a cielo abierto o en microbasurales. Se estima que el 9,22% de las industrias gestiona sus residuos peligrosos, no peligrosos y especiales con el tratamiento correspondiente. Además, en la ciudad existen alrededor de 270 microbasurales que ocupan aproximadamente 2,5 hectáreas.
El caso de la provincia de Santa Fe ilustra la brecha entre la normativa vigente y la práctica operativa: pese a contar con legislación para la gestión correcta de residuos, la fiscalización es débil. Esta falta de control permite que los basurales sigan funcionando y recibiendo todo tipo de desechos, incluidos residuos industriales peligrosos, lo que neutraliza el objetivo de la ley y perpetúa un ciclo de contaminación que las autoridades ambientales buscan revertir con urgencia.
