La regulación del sector cripto dejó de ser una respuesta puntual a crisis y se convirtió en una prioridad en la agenda económica de los Estados. Esa es la conclusión central del Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que examinó la evolución normativa en 30 jurisdicciones que concentran más del 70% de la exposición global a activos digitales. El informe identifica un cambio estructural: los gobiernos ya no actúan solo ante episodios de inestabilidad, sino que diseñan marcos para integrar los activos digitales en los sistemas financieros.
El desarrollo más evidente se dio en torno a las stablecoins, que se consolidan como infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70% de los países estudiados creó marcos regulatorios específicos para estas monedas. Para 2025, diferentes estimaciones de mercado sitúan el volumen global de operaciones por encima de 15 billones de dólares, con uso extendido en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Esta expansión explica por qué las principales regiones económicas respondieron con normas de alcance sin precedentes: las stablecoins dejaron de ser experimentos marginales y ahora se tratan como infraestructura crítica de pagos.
Estados Unidos lidera el giro normativo
En Estados Unidos se produjo uno de los cambios más significativos. Bajo la administración Trump, el Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins, que establece un marco de supervisión con requisitos de reservas, auditorías y límites operativos.
Simultáneamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lanzó Project Crypto para modernizar la regulación de valores digitales, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) inició procesos de armonización normativa. Por primera vez, los organismos federales avanzaron con una hoja de ruta común que busca dar previsibilidad a emisores, entidades financieras y plataformas de negociación.
En la Unión Europea, el segundo año de implementación de MiCA consolidó el mayor intento global de armonización del mercado cripto. Los reguladores empezaron a otorgar licencias bajo el nuevo marco, aunque TRM Labs documenta diferencias apreciables entre países como Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos en ritmo y profundidad de supervisión.
Además de MiCA, entró en vigor DORA, la normativa de resiliencia operativa digital que obliga a entidades financieras —incluidas las vinculadas al cripto— a elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. Frente a la competencia de stablecoins denominadas en dólares, el proyecto del euro digital continúa en fase de evaluación sin decisiones de diseño final.
Asia define el estándar del futuro
Asia mostró la mayor diversidad regulatoria y consolidó un papel estratégico en la arquitectura global del sector. Según Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para APAC en TRM Labs, la región está marcando las pautas sobre regulación cripto orientada al futuro, desde la tokenización hasta las stablecoins y los nuevos sistemas de pago.
Las iniciativas avanzan en distintas direcciones: Japón evalúa incorporar la supervisión cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que implicaría tratar muchos tokens como valores; Corea puso en marcha un piloto para operaciones institucionales con controles estrictos y avanza hacia una ley específica de stablecoins; y Hong Kong aceleró otorgamiento de licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió actividades permitidas a proveedores regulados.
Singapur endureció las reglas para prestadores que operan internacionalmente desde su territorio, pero mantiene un camino claro para stablecoins con estándares prudenciales. En conjunto, la discusión en Japón, Corea, Singapur y Hong Kong ha pasado de cuestionar la legitimidad del instrumento a centrarla en su integración práctica en infraestructuras de pagos y en el sistema bancario.
El impulso institucional acompaña ese cambio: la claridad regulatoria en APAC está promoviendo la adopción por parte de entidades financieras, muchas de las cuales avanzan activamente en activos digitales.
En Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos completaron la implementación de regulación para stablecoins ligadas al dírham y fijaron condiciones para productos tokenizados. Dubái y Abu Dabi sincronizaron criterios para operadores virtuales y endurecieron sanciones por actividad no autorizada, marcando una transición desde la experimentación hacia una supervisión más madura y con ambición internacional.
En América Latina, Brasil destacó por su régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales, que exige capital, transparencia y controles antilavado e incorpora operaciones con stablecoins dentro de la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó requisitos de registro y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una posición cautelosa, aunque promovió reformas en la ley antilavado en su rol al frente del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance regulatorio responde también a amenazas continuas. TRM Labs atribuye las mayores tasas de actividad ilícita a segmentos fuera del perímetro regulado: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y ciertas plataformas descentralizadas sin controles operativos ni auditorías. El ataque vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit ejemplifica esta vulnerabilidad, con pérdidas superiores a 1.500 millones de dólares en tokens de Ethereum. Según FATF, mientras existan jurisdicciones con marcos débiles o inexistentes, persistirá el riesgo de arbitraje regulatorio.
El sistema financiero tradicional también ajustó su postura. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, tras la negativa de Estados Unidos y Reino Unido a adoptar estándares que requerían deducciones de capital del 100% para la mayoría de activos digitales.
TRM Labs señala que esta revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, siempre que se definan criterios diferenciados según riesgo operativo, gobernanza y solidez del emisor.
Los organismos multilaterales reforzaron sus advertencias: FATF subrayó la necesidad de una implementación más homogénea de las normas AML/CFT y amplió a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material. El Consejo de Estabilidad Financiera señaló que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, pese a los avances nacionales. IOSCO reconoció progresos en custodia y gobernanza, pero advirtió que aún es pronto para evaluar la efectividad de los regímenes vigentes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del sector acompaña este giro normativo. Estimaciones sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un máximo histórico. Encuestas a inversores institucionales muestran que más de la mitad planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, condicionada a reglas estables y supervisión clara.
El próximo periodo estará marcado por la implementación: Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026; Europa afrontará pruebas prácticas de supervisión bajo MiCA; y Asia intensificará sus programas piloto.
TRM Labs anticipa que la competencia entre jurisdicciones dejará de centrarse en atraer operadores con reglas laxas y pasará a valorar marcos sofisticados capaces de integrar innovación, estabilidad financiera y controles efectivos. En esa transición, la regulación del cripto deja de ser meramente reactiva y se sitúa en el núcleo de la política económica global.
