Trabajadores de la cadena Caromar en el partido de La Matanza mantienen acampes y reclamos tras el cierre intempestivo de varias sucursales, entre ellas la de Burzaco. Las medidas de protesta responden al temor por despidos y a la falta de información clara sobre la situación laboral y el futuro de las tiendas afectadas.
Según el Sindicato de Empleados de Comercio, la empresa pretende efectuar desvinculaciones amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa norma permite pagar las indemnizaciones reducidas —el 50%— cuando la suspensión del trabajo se funda en “fuerza mayor” o en una “reducción del trabajo no atribuible al empleador”. El gremio rechazó esa lectura y calificó la maniobra como improcedente, al considerar que la empresa estaría trasladando a los trabajadores un costo que debería asumir la patronal y que no se trataría de una situación que cumpla con los extremos que exige la ley.
Los sindicatos comparan este episodio con el cierre de una sucursal de Medamax en La Matanza en 2024, señalando que el derrumbe del consumo repercute tanto en el comercio minorista como en el mayorista. En ese marco, el sector enfrenta un contexto económico adverso: caída del poder adquisitivo de las familias, niveles altos de endeudamiento y una reducción generalizada de la demanda que impacta sobre la rentabilidad de los establecimientos. Para las organizaciones laborales, estas condiciones macroeconómicas no justifican, por sí solas, el ajuste unilateral de las condiciones indemnizatorias ni los cierres abruptos sin planificación.
Mientras tanto, continúan las negociaciones entre representantes gremiales y la empresa y se esperan definiciones en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo. Los delegados reclaman información detallada sobre los motivos de los cierres, la cantidad de empleos en riesgo y el cumplimiento de las obligaciones previsionales y salariales. También exigen que cualquier medida que implique despidos se negocie con el sindicato y se garantice el respeto a los derechos laborales consagrados en la legislación.
La disputa pone en evidencia la tensión entre empresas del rubro y trabajadores en un contexto de recesión del consumo. El desenlace de las audiencias en el Ministerio de Trabajo será determinante para establecer si las salidas se realizan con acuerdos y compensaciones adecuadas o si el conflicto se profundiza con medidas gremiales adicionales y acciones legales.
