Según el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, la ejecución de la inversión pública en Bolivia llegó a solo 36,5 % hasta octubre de 2025, lo que constituye “la cifra más baja de los últimos seis años”.
El viceministro encargado, Fernando Jiménez, atribuyó este bajo nivel de ejecución a una limitada capacidad institucional y señaló problemas recurrentes: falta de equipos técnicos y legales en las entidades ejecutoras, contratos mal formulados, alta rotación de personal y deficiencias en la supervisión y el seguimiento de proyectos.
Jiménez indicó que ese porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años y afirmó que el Ministerio de Planificación del Desarrollo trabaja en medidas para mejorar la eficiencia del gasto público. Al mismo tiempo advirtió que la baja ejecución afectará negativamente la tasa de crecimiento económico nacional.
El diagnóstico interno detectó múltiples proyectos con problemas. Por ejemplo, en una entidad descentralizada, de 112 proyectos evaluados 25 mostraron “serios problemas de ejecución”, entre ellos diseños incompletos; en un caso se identificó que la construcción de una planta no contemplaba la conexión eléctrica prevista.
El panorama contrasta con periodos recientes: en 2023 la inversión pública ejecutada alcanzó cerca del 66,3 % del presupuesto aprobado, el mejor resultado de los últimos años, mientras que en 2024 descendió al 50 % del presupuesto asignado.
Los datos hasta octubre de 2025, con un 36,5 % de ejecución, reflejan una caída significativa del gasto público que puede tener efectos negativos en el desarrollo, la infraestructura y el crecimiento económico del país.
Desde 2014, Bolivia experimentó una desaceleración económica sostenida tras años de crecimiento impulsado por las exportaciones de gas y una inversión pública elevada. Desde entonces, la producción de hidrocarburos se redujo, los ingresos externos cayeron y el modelo basado en exportaciones de materias primas perdió impulso, lo que limitó la capacidad estatal para mantener inversión y subsidios.
Los primeros efectos de la crisis se percibieron en el primer trimestre de 2023, cuando se restringieron las transacciones en dólares y emergió un mercado paralelo de divisas en el que el dólar cotizó por encima del tipo de cambio oficial, contribuyendo al aumento de los precios de la canasta básica.
Paralelamente se registraron una importante pérdida del poder adquisitivo y episodios prolongados de escasez de combustible por dificultades crecientes en las importaciones. Según proyecciones de organismos internacionales, en 2025 el país entró en recesión, situación que se prevé se prolongue al menos hasta 2027.
En ese contexto, el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz asumió funciones el 8 de noviembre con el reto de estabilizar las cuentas fiscales, garantizar el suministro de combustibles y divisas, y restablecer el flujo de inversiones.
En sus primeras semanas de gestión, el presidente aseguró créditos internacionales por más de 550 millones de dólares, eliminó algunos impuestos y anunció que hasta marzo se aplicarán políticas de ajuste para estabilizar la economía. Entre las medidas que los economistas prevén se encuentran la liberalización del tipo de cambio y reformas en la política de subsidios a los combustibles, uno de los principales gastos públicos.
