15 de enero de 2026
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Negociación en Banco Provincia que destrabó el endeudamiento de Kicillof

La modificación de la carta orgánica del Banco Provincia aprobada en la madrugada del jueves por la Legislatura bonaerense fue la condición principal para que el gobierno de Axel Kicillof obtuviera la autorización para un endeudamiento de hasta USD 3.685; para lograrlo fue necesario reunir los dos tercios en ambas cámaras.

El cambio principal consistió en ampliar la conformación del directorio: pasó de siete directores y un presidente a catorce integrantes, distribuídos en nueve vocales, tres vocales asociados y dos síndicos, manteniéndose Juan Cuattromo como presidente.

En el Senado se aprobaron los pliegos con la nueva composición del directorio, que incluye representantes del peronismo, del PRO, de un sector mayoritario de la UCR y de los llamados libertarios dialoguistas.

La asignación de cargos al peronismo buscó asegurar el acuerdo político en la provincia. Aunque La Cámpora y el Frente Renovador aumentarán su representación, Kicillof tendrá cuatro lugares propios, con referentes vinculados a intendentes del Movimiento de los Intendentes del FdT. Entre los designados figuran Julio Pereyra, Carlos “Cuto” Moreno, Carlos Orsigher y Alejandro Formento.

La Cámpora conservará el lugar de Laura González, cercana a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, y también ingresará al directorio el saliente diputado nacional Martín Rodrigo Rodríguez, militante de la organización presidida por Máximo Kirchner.

El Frente Renovador, por su parte, ampliará su presencia: Sebastián Galmarini dejará la dirección del banco al asumir como diputado nacional, y ocuparán cargos los intendentes Javier Osuna (General Las Heras) y Javier Bordoni (Tornquist).

Estos nombramientos en el Banco Provincia se suman a designaciones recientes en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal, donde también habrá representación de distintas facciones peronistas; por ejemplo, el camporista César Valicenti será uno de los nuevos consejeros de educación.

Un sector importante de la oposición también garantizó el respaldo al pedido de endeudamiento tras asegurarse presencia en áreas de control de organismos públicos, en particular en el Banco Provincia.

Desde el PRO ingresarán al directorio Matías Ranzini, cercano a Cristian Ritondo, y Adrián Urrelli, vinculado a Néstor Grindetti. En la UCR hubo un acuerdo entre Evolución —vinculado a Maximiliano Abad— y el espacio de Emilio Monzó, que llevó a la designación de Fernando Pérez (por Evolución) y del saliente senador Marcelo Daletto. Además, Josefina Mendoza, ex diputada nacional por la UCR del sector de Evolución, será otra de las nuevas consejeras generales de educación.

En la interna radical quedó desplazado el sector de intendentes alineado con Miguel Fernández, por lo que los senadores Agustín Máspoli y Alejandro Cellillo, del bloque Somos UCR, no acompañaron las modificaciones a la carta orgánica del Banco Provincia en el Senado.

Los denominados libertarios dialoguistas impulsaron el nombre de Fernando Rozas, ex titular del Servicio Penitenciario durante la gestión de María Eugenia Vidal y hermano del actual diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas.

La agrupación La Libertad Avanza no participó del acuerdo para la designación de directores. Sin embargo, uno de sus diputados, Ramón Vera, no estuvo presente al momento de la votación del endeudamiento, lo que redujo el total de asistentes y contribuyó a que se alcanzara el quórum de dos tercios necesario para avanzar. Ese espacio sí participó de negociaciones por autoridades de la Cámara de Diputados y, como segunda minoría, obtuvo una vicepresidencia que ocupará el diputado Juanes Osaba, del bloque de Karina Milei.

El jueves por la tarde, Kicillof se expresó en redes sociales tras la aprobación del endeudamiento. Señaló que la provincia podrá afrontar vencimientos de deuda heredada sin comprometer recursos destinados a salud, educación, seguridad y obras, y criticó al presidente Javier Milei por su posición contraria al proyecto. También advirtió que la aprobación no cambia la situación económica general y describió la existencia de una emergencia vinculada a la política económica nacional, con cierres de empresas, pérdida de empleo y caída de la actividad industrial y la construcción.

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