El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó con dureza el aumento de una tasa que el Municipio de Pilar aplicó a cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados, una modificación que repercutirá en el precio que pagan los consumidores en esa localidad bonaerense.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo cuestionó la medida y la comparó con la política de su espacio político, mencionando al intendente de Pilar, Federico Achával, y señalando que, en su opinión, los aumentos impositivos no responden a los intereses de la población.
Según informó Infobae en exclusiva, la controversia se originó con la modificación de la Tasa de Protección Ambiental: desde el 1 de diciembre de 2025 se dejó de aplicar un monto fijo por módulos y, en su lugar, se estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las grandes cadenas recibieron la notificación oficial de la medida, que comenzó a regir de manera inmediata. La norma proviene de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que eliminó el esquema anterior para las transacciones realizadas desde diciembre. La intendencia informó que las cadenas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para adaptar sus sistemas, situación que generó inquietud en el sector por la premura para implementar los cambios técnicos y operativos requeridos.
La percepción del 2% alcanza no solo a supermercados, sino también a hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El gravamen se aplica directamente sobre cada ticket sin establecer un mínimo exento, por lo que afecta tanto compras de bajo monto como compras mayores.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reaccionó enviando una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, donde solicitó una audiencia “en forma urgente”. En la misiva, firmada por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad advirtió que la nueva alícuota provoca “graves perjuicios” a los vecinos y que los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, la ausencia de especificaciones técnicas y la falta de reglamentación complementaria.
La ASU sostuvo que el 2% encarece cada producto vendido bajo este régimen municipal y que dicho incremento se traslada de inmediato al consumidor. Además, subrayó que la inexistencia de un monto mínimo no imponible afecta de manera particular a quienes realizan compras de bajo importe, ya que la percepción se aplica sin excepción.
La asociación también advirtió dificultades para las campañas comerciales con precios cerrados, comunes en diciembre. Como ejemplo, indicó que una caja navideña publicada a $10.000 pasaría a costar $10.165,28 con la nueva percepción, lo que podría generar malestar en los clientes e incluso cancelaciones en cajas por falta de disponibilidad del monto adicional o por la molestia que cause el cargo extra.
Al igual que cuando la tasa era un monto fijo —que había rondado los $60—, los supermercados comunicaron que informarán a los clientes mediante cartelería en las sucursales, salvo que el municipio modifique la resolución vigente.
El sector supermercadista también señaló un problema de competencia: la percepción del 2% se aplica solo a supermercados, hipermercados y las actividades incluidas en la norma, mientras que otros comercios como almacenes, casas de electrodomésticos, locales de deportes, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no están obligados a cobrar ese recargo. Según la ASU, esto afecta especialmente la venta de productos de alto valor —por ejemplo, una heladera de $1.500.000 se encarecería en casi $25.000— reduciendo la competitividad frente a negocios no alcanzados por la medida.
La ASU también señaló efectos sobre operaciones realizadas con billeteras digitales y promociones bancarias: en plataformas como Modo los reintegros se calculan sobre el total abonado por el cliente sin discriminar conceptos, de modo que el supermercado recibe un importe neto menor mientras debe transferir al municipio la percepción completa del 2%, lo que representa un costo adicional.
Además, la entidad advirtió sobre un posible aumento en los costos de abastecimiento si proveedores radicados en Pilar comienzan a aplicar la percepción del 2% en sus ventas. Recordó que una disposición previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes de percepción, pero señaló que el municipio no definió aún si esa exclusión se mantendrá. Si no se contemplan excepciones, los supermercados prevén un aumento en los costos de sus compras a proveedores locales.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su “profunda preocupación y rechazo” frente a la decisión del municipio de Pilar de aplicar una Tasa Ambiental del 2% sobre cada operación, al considerar que tendrá un impacto directo en el consumidor.
CADAM estimó que la nueva carga impositiva se reflejará de inmediato en el precio final y que quienes realicen compras en Pilar pagarán, en promedio, un 2% más que en otros municipios, un aumento que resulta más significativo en el contexto de las compras por las fiestas, cuando el consumo familiar se incrementa.
La cámara advirtió que medidas como esta incrementan la presión tributaria sobre un sector que ya opera con altos costos y que, en la práctica, trasladan mayor carga al precio de los productos básicos.
“Es importante destacar que casi la mitad del precio de un producto esencial, como un paquete de fideos, corresponde a impuestos. Sumar tributos municipales no solo desalienta la actividad comercial, sino que termina afectando el bolsillo de millones de familias”, concluyeron.
