El Tribunal Supremo de Italia ha despejado el último obstáculo judicial en uno de los capítulos más sensibles y opacos de la guerra en Ucrania. Este miércoles confirmó la extradición a Alemania del ex militar ucraniano Sherii Kuznietsov, reclamado por la justicia alemana por su supuesta participación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, atacados en septiembre de 2022 en el mar Báltico. La decisión pone fin a meses de litigios en Italia y abre la puerta a que Berlín asuma un caso que sigue rodeado de incógnitas geopolíticas, presiones diplomáticas y versiones contrapuestas.
Kuznietsov, de 49 años, lleva detenido desde el 21 de agosto en una cárcel de alta seguridad del norte de Italia. Fue arrestado en un apartamento turístico cerca de Rimini mientras pasaba unas vacaciones con su familia, en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por la Fiscalía Federal alemana. Fuentes de su defensa confirmaron que la entrega se producirá “dentro de pocos días”. Su abogado, Nicola Canestrini, expresó “decepción” por el fallo, pero sostuvo que confían en su absolución una vez se celebre el juicio en Alemania.
El caso ha seguido una trayectoria judicial tortuosa. En septiembre, el Tribunal de Apelación de Bolonia autorizó una primera extradición, pero la Corte Suprema anuló ese fallo en octubre por considerar que el tribunal boloñés no había motivado suficientemente su decisión. Ante ese revés, el tribunal de Bolonia volvió a dictar una nueva orden de entrega el 27 de octubre. La defensa recurrió de nuevo, pero esta vez la Corte Suprema rechazó el recurso, avalando definitivamente la extradición.
Las autoridades alemanas sostienen que Kuznietsov formaba parte de un comando de varias personas que, el 26 de septiembre de 2022, habría colocado explosivos en las tuberías submarinas de los gasoductos Nord Stream, situados a profundidades que requieren equipos especializados. El estallido provocó cuatro fugas en las conducciones que transportaban gas ruso a Alemania, paralizando de facto una infraestructura estratégica que ya estaba envuelta en tensiones políticas por la invasión rusa de Ucrania.
Desde el inicio, el ataque al Nord Stream generó un enigma internacional. Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Polonia y Alemania se han acusado, directa o veladamente, de tener razones para dañar o sabotear la infraestructura. Moscú calificó desde el principio el incidente como un acto de “terrorismo internacional” contra un activo ruso y exigió una investigación conjunta, mientras Berlín mantuvo un perfil bajo y delegó la pesquisa en sus fiscales. Washington negó cualquier implicación. Kiev también rechazó haber tenido responsabilidad, aunque investigaciones periodísticas en Alemania, Estados Unidos y otros países han planteado la hipótesis de un grupo prorruso o proucraniano actuando de manera autónoma.
La Fiscalía Federal alemana ha sido extremadamente cauta. En marzo de 2023, confirmó que una embarcación alquilada en Alemania pudo haber sido usada por los presuntos autores, pero evitó atribuir la operación a un Estado. A partir de entonces, la pista ucraniana comenzó a ganar tracción: medios alemanes como Der Spiegel y la cadena ZDF publicaron que el comando habría zarpado desde Rostock con identidades falsas y equipos de buceo. No hay, sin embargo, conclusiones definitivas.
En ese contexto, la figura de Kuznietsov se ha convertido en un elemento político delicado. Su defensa sostiene que es inocente y que durante el periodo en el que se produjo el ataque se encontraba destinado en unidades ucranianas sin capacidad para participar en una operación marítima de alta complejidad. Su huelga de hambre, iniciada a principios de noviembre para protestar contra su detención y suspendida doce días después, contribuyó a colocar el caso en el radar mediático italiano.
Italia, que ha respondido a las órdenes europeas con relativa celeridad, ha mostrado al mismo tiempo cautela en un expediente que involucra a Rusia, Ucrania, Alemania y la propia Unión Europea. Para el Supremo italiano, la cuestión no era determinar la culpabilidad del ucraniano, sino comprobar que se cumplían las condiciones jurídicas exigidas por la orden de detención europea. La respuesta final —ya sin posibilidad de recurso— es afirmativa.
Alemania recibe ahora un expediente cargado de sensibilidad. De confirmarse un vínculo con actores ucranianos, el caso podría tensar la relación entre Berlín y Kiev en un momento crítico de la guerra. Si las pruebas señalasen a Rusia, aumentaría el argumento europeo de que Moscú está dispuesto a sabotear su propia infraestructura para desestabilizar a Occidente, una tesis que varios expertos consideran poco verosímil. La hipótesis de un grupo no estatal añade otra capa de incertidumbre.
La extradición de Kuznietsov llega además en un momento de creciente presión para que Alemania comparta más información sobre la investigación del Nord Stream. Organizaciones ecologistas, partidos de la oposición y familiares de trabajadores afectados por la explosión han reclamado mayor transparencia. El Gobierno alemán ha insistido en que cualquier comunicación prematura podría comprometer el proceso penal.
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Kuznietsov, de 49 años, lleva detenido desde el 21 de agosto en una cárcel de alta seguridad del norte de Italia. Fue arrestado en un apartamento turístico cerca de Rimini mientras pasaba unas vacaciones con su familia, en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por la Fiscalía Federal alemana. Fuentes de su defensa confirmaron que la entrega se producirá “dentro de pocos días”. Su abogado, Nicola Canestrini, expresó “decepción” por el fallo, pero sostuvo que confían en su absolución una vez se celebre el juicio en Alemania.
El caso ha seguido una trayectoria judicial tortuosa. En septiembre, el Tribunal de Apelación de Bolonia autorizó una primera extradición, pero la Corte Suprema anuló ese fallo en octubre por considerar que el tribunal boloñés no había motivado suficientemente su decisión. Ante ese revés, el tribunal de Bolonia volvió a dictar una nueva orden de entrega el 27 de octubre. La defensa recurrió de nuevo, pero esta vez la Corte Suprema rechazó el recurso, avalando definitivamente la extradición.
Las autoridades alemanas sostienen que Kuznietsov formaba parte de un comando de varias personas que, el 26 de septiembre de 2022, habría colocado explosivos en las tuberías submarinas de los gasoductos Nord Stream, situados a profundidades que requieren equipos especializados. El estallido provocó cuatro fugas en las conducciones que transportaban gas ruso a Alemania, paralizando de facto una infraestructura estratégica que ya estaba envuelta en tensiones políticas por la invasión rusa de Ucrania.
Desde el inicio, el ataque al Nord Stream generó un enigma internacional. Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Polonia y Alemania se han acusado, directa o veladamente, de tener razones para dañar o sabotear la infraestructura. Moscú calificó desde el principio el incidente como un acto de “terrorismo internacional” contra un activo ruso y exigió una investigación conjunta, mientras Berlín mantuvo un perfil bajo y delegó la pesquisa en sus fiscales. Washington negó cualquier implicación. Kiev también rechazó haber tenido responsabilidad, aunque investigaciones periodísticas en Alemania, Estados Unidos y otros países han planteado la hipótesis de un grupo prorruso o proucraniano actuando de manera autónoma.
La Fiscalía Federal alemana ha sido extremadamente cauta. En marzo de 2023, confirmó que una embarcación alquilada en Alemania pudo haber sido usada por los presuntos autores, pero evitó atribuir la operación a un Estado. A partir de entonces, la pista ucraniana comenzó a ganar tracción: medios alemanes como Der Spiegel y la cadena ZDF publicaron que el comando habría zarpado desde Rostock con identidades falsas y equipos de buceo. No hay, sin embargo, conclusiones definitivas.
En ese contexto, la figura de Kuznietsov se ha convertido en un elemento político delicado. Su defensa sostiene que es inocente y que durante el periodo en el que se produjo el ataque se encontraba destinado en unidades ucranianas sin capacidad para participar en una operación marítima de alta complejidad. Su huelga de hambre, iniciada a principios de noviembre para protestar contra su detención y suspendida doce días después, contribuyó a colocar el caso en el radar mediático italiano.
Italia, que ha respondido a las órdenes europeas con relativa celeridad, ha mostrado al mismo tiempo cautela en un expediente que involucra a Rusia, Ucrania, Alemania y la propia Unión Europea. Para el Supremo italiano, la cuestión no era determinar la culpabilidad del ucraniano, sino comprobar que se cumplían las condiciones jurídicas exigidas por la orden de detención europea. La respuesta final —ya sin posibilidad de recurso— es afirmativa.
Alemania recibe ahora un expediente cargado de sensibilidad. De confirmarse un vínculo con actores ucranianos, el caso podría tensar la relación entre Berlín y Kiev en un momento crítico de la guerra. Si las pruebas señalasen a Rusia, aumentaría el argumento europeo de que Moscú está dispuesto a sabotear su propia infraestructura para desestabilizar a Occidente, una tesis que varios expertos consideran poco verosímil. La hipótesis de un grupo no estatal añade otra capa de incertidumbre.
La extradición de Kuznietsov llega además en un momento de creciente presión para que Alemania comparta más información sobre la investigación del Nord Stream. Organizaciones ecologistas, partidos de la oposición y familiares de trabajadores afectados por la explosión han reclamado mayor transparencia. El Gobierno alemán ha insistido en que cualquier comunicación prematura podría comprometer el proceso penal.
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