Antonella Giuliano (22) comenzó 2024 con la esperanza de que el verano mejorara su calidad de vida. Tenía programada una cirugía para el 19 de enero que, según le habían prometido, reduciría unos leves espasmos en la pierna izquierda que arrastraba desde niña. La intervención —una rizotomía dorsal selectiva— le había sido recomendada como una solución puntual y de bajo riesgo, y le aseguraron que la dejaría “al 100%”. Al despertar de la anestesia perdió la sensibilidad desde la cintura hacia abajo y, desde entonces, no puede caminar.
La vida que llevaba durante la adolescencia —salidas con amigas, actividad deportiva y la facultad— quedó interrumpida y la familia atribuye el cambio a una presunta mala praxis en el Hospital de Clínicas, hecho que ahora investiga la Justicia.
Según la paciente, le habían dicho que la operación la realizaría “una eminencia”, pero finalmente la ejecutó el doctor Alberto Yañez, quien al momento de la cirugía estaba jubilado, dato que la joven no conocía. Tras la intervención, Yañez le informó que “todo había salido bien” y atribuyó la falta de sensibilidad a una reacción corporal inesperada.
La verdad médica se confirmó 45 días después, tras la insistencia de la familia para que le realizaran una resonancia magnética. En la denuncia presentada por su padre consta que el jefe del sector de Neurocirugía del hospital no solicitó el estudio de forma inmediata, aduciendo que Yañez no lo había pedido.
El 2 de marzo se diagnosticó que Antonella presentaba una “apófisis espinal que le estaba comprimiendo la médula”, es decir, un fragmento óseo que ejercía presión sobre la médula tras la operación. Esto motivó una intervención de urgencia para descomprimir el canal medular. Antonella afirma que, de haberse hecho el estudio y la descompresión a tiempo, la lesión habría sido menos grave; recuerda haber permanecido más de un mes con la médula “anclada”.
Hoy, casi dos años después del episodio, la joven continúa sin poder mover las piernas, sin sensibilidad al tacto y con pérdida del control urinario: se practica cateterismo intermitente porque no puede orinar por sus propios medios. También relata dificultades con el suministro de sondas por parte del hospital y que su padre las adapta para evitar infecciones.
La causa penal la instruye el fiscal Federico Tropea, de la Fiscalía PCYF No15, que abrió un expediente por lesiones culposas. Los principales señalados son el doctor Alberto Yáñez; el jefe de Neurocirugía que no ordenó en forma inmediata la resonancia tras las complicaciones; y la kinesiología que, según la denuncia, aseguró que no existían riesgos antes de la intervención.
Según la querella, en el postoperatorio inmediato Antonella presentó “una paraplejia completa, fláccida, arrefléxica, con incontinencia y distonía de emuntorios”. También se denuncia que en la historia clínica habría existido manipulación de fechas y registros relevantes durante la internación.
El expediente fue archivado meses después por “falta de pruebas”, aunque el abogado de la familia, Ignacio Fernández Camillo, pidió la revisión y sostuvo que quedaban pruebas técnicas y discrepancias médicas por evaluar. El 19 de mayo pasado, la Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocó ese cierre por considerarlo prematuro y ordenó nuevas medidas probatorias, entre ellas la producción de un nuevo peritaje ante la existencia de informes médicos contradictorios.
El doctor Yañez, principal señalado en la causa, declaró tras la operación que no podía creer el desenlace de su carrera; según trascendió, murió en mayo en un accidente de tránsito, por lo que la investigación continúa contra los demás profesionales involucrados.
El 3 de septiembre la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el Hospital de Clínicas, ordenado por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas No23, durante el cual se secuestró la historia clínica completa de Antonella, informes médicos, registros de enfermería y documentación vinculada a su internación entre enero y marzo de 2024. La fiscalía dispuso el resguardo oficial de esos documentos y, además, se verificó la habilitación profesional de los médicos intervinientes y se solicitó la toma de nuevos testimonios y peritajes.
La causa, que involucra a profesionales del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, permanece abierta. Las próximas medidas judiciales previstas incluyen un peritaje médico interdisciplinario y la indagatoria sobre la cadena de decisiones y los procedimientos realizados mientras Antonella sigue su proceso de recuperación.
Su rehabilitación
Antonella mantiene secuelas significativas. Tras casi 24 meses, empezó a recuperar algo de movimiento en la cadera y sensibilidad profunda, es decir, percibe presión intensa aunque no el contacto suave. También nota un pequeño temblor al intentar mover el pie. Considera que una rehabilitación intensiva —al menos seis horas diarias— podría mejorar sus posibilidades de recuperación, pero actualmente entrena en casa con el apoyo de su familia y sin un centro especializado.
Su padre, que trabaja en la fabricación de piezas en madera, le ha construido dispositivos que la asisten en movilizarse parcialmente. Respecto a las necesidades de higiene, Antonella relata que sigue practicando cateterismo intermitente porque no puede orinar por sí misma y que el hospital no le provee las sondas adecuadas, por lo que su familia debe adaptarlas para mantener la esterilidad y evitar infecciones.
