El gobierno de Javier Milei impulsa un cambio profundo en la política migratoria argentina con el objetivo de incrementar los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros, y de responder con mayores herramientas a la delincuencia transnacional. En las últimas semanas se avanzó en el diseño de la Agencia de Seguridad Migratoria, que según fuentes oficiales estará encabezada por Diego Valenzuela, dirigente con vínculo a Patricia Bullrich y actualmente en licencia como intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense.
La decisión está tomada a nivel político, aunque aún no se formalizó. La designación de Valenzuela requiere la firma del presidente y la aprobación de normas que definan el marco legal y operativo de la agencia. En el Gobierno indican que el anuncio público se realizará una vez que queden cerrados la misión, las atribuciones, el organigrama y los mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad.
No se trata de un trámite menor: la creación de la agencia implicará un cambio institucional que redefine el rol del Estado en un tema sensible y con impacto político.
De dirección administrativa a agencia de seguridad
Hasta ahora, el organismo de Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional dentro del Ministerio del Interior, con responsabilidades principalmente administrativas —residencias, trámites de ciudadanía y control documental— y dependencia operativa de otras fuerzas ante irregularidades. El actual oficialismo considera que ese esquema favoreció controles laxos en fronteras y procedimientos insuficientes.
El nuevo diseño propone transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía y facultades ampliadas, incorporando competencias vinculadas a la seguridad fronteriza y la prevención de delitos transnacionales, más allá del control meramente administrativo.
El traslado del área del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, es parte de esa reconfiguración. En la Casa Rosada señalan que el cambio forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno en materia de reforma institucional y política pública.
La elección de Diego Valenzuela tiene una dimensión política relevante: exintendente y dirigente alineado con sectores de la oposición que hoy integran el espacio de gobierno, su nombramiento sería una señal sobre la orientación y liderazgo político de la nueva agencia.
Para Valenzuela, al asumir ese cargo, supone también mayor visibilidad en la agenda nacional, con especial foco en la provincia de Buenos Aires.
El endurecimiento propuesto contrasta con el enfoque aplicado durante gobiernos anteriores, que promovieron programas de regularización y apertura migratoria con controles más flexibles. Desde el oficialismo critican que aquellos mecanismos limitaron la expulsión expedita de personas con antecedentes y redujeron la capacidad de respuesta rápida del Estado.
El nuevo rumbo busca revertir esas prácticas mediante controles fronterizos reforzados, requisitos de admisión más estrictos y herramientas administrativas y operativas para actuar ante riesgos. En el Gobierno resumen el objetivo como impedir el ingreso de personas vinculadas a la delincuencia, independientemente de su origen.
La agencia tendrá desde su nombre una impronta orientada a la seguridad y se prevé que funcione de forma estrecha con las fuerzas federales. Un elemento central será la adscripción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a los esquemas operativos de la agencia; la reciente designación de Carlos Tonelli Banfi al frente de la PSA, en reemplazo de Alfredo Gallardo, se inscribe en ese proceso de alineamiento.
El modelo busca reducir la fragmentación actual, integrando funciones y acortando tiempos de respuesta estatal. Fuentes oficiales señalan que la idea es avanzar hacia un esquema similar al de otros países donde el personal migratorio dispone de funciones de tipo policial.
Alineamiento internacional y definición pendiente
El giro argentino se inscribe en una tendencia global de endurecimiento migratorio observada en distintos países en los últimos años. Ejemplos internacionales, como la consolidación de agencias de seguridad migratoria en Estados Unidos y cambios en políticas europeas, son citados por el Gobierno como referencias para orientar el nuevo marco local.
Pese al impulso político, quedan definiciones técnicas por resolver: la estructura final, las competencias precisas, los protocolos de coordinación interministerial y la normativa que regirá las nuevas facultades están en elaboración a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Por esa razón, la designación de Valenzuela aún no fue formalizada: el Ejecutivo prefiere completar el diseño antes de hacer el anuncio.
Un giro institucional, a punto de concretarse
La posible asunción de Diego Valenzuela al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria resume el cambio de enfoque propuesto por el Gobierno: pasar de una política esencialmente administrativa y de apertura a un esquema orientado por la seguridad nacional, con controles más estrictos y mayor coordinación operativa. La implementación formal dependerá de la firma presidencial y de la publicación de las normas que definan el funcionamiento del nuevo organismo.
Una vez completados esos pasos, la Argentina formalizará una reconfiguración institucional que impactará en la gestión de fronteras y en la política de ingreso y permanencia de extranjeros.
