En Córdoba, las autoridades municipales presentaron acciones penales contra once personas por arrojar residuos en la vía pública y en terrenos baldíos privados. Estas medidas se derivan de la intensificación del monitoreo urbano, una estrategia implementada desde mediados del año, y de las cámaras de videovigilancia instaladas en coordinación entre la Municipalidad y la Policía de Córdoba, que permitieron identificar a quienes incumplieron la normativa y remitir los casos a la Justicia.
El fenómeno de los “basurales a cielo abierto” preocupa a los equipos de control sanitario municipales. Los registros oficiales muestran un aumento de desechos depositados en lugares no autorizados, por lo que el municipio formalizó denuncias contra las personas captadas por las cámaras arrojando residuos.
Las pruebas audiovisuales, obtenidas tanto por el Centro de Monitoreo Urbano, dependiente de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, como por la central de comunicaciones de la Policía de Córdoba, fueron enviadas a la Fiscalía de Instrucción a cargo de Raúl Garzón. Con esa evidencia se identificó y notificó judicialmente a once personas; la investigación alcanza a propietarios de terrenos y a quienes fueron detectados manipulando o trasladando residuos domiciliarios o voluminosos de forma irregular.
Según explicó al diario La Voz el subadministrador general de la Justicia Municipal de Faltas, Lucas Carpio, el municipio intensificó el seguimiento desde julio tras detectar reincidencia en las zonas vigiladas. “Se limpiaba y se volvía a arrojar”, indicó Carpio, motivo por el cual se iniciaron las denuncias correspondientes.
El sistema implementado, con un enfoque preventivo y sancionatorio, pone especial atención en el “efecto rebote”: la reapertura de basurales después de las limpiezas. Además de las denuncias individuales, se notificó a propietarios, ocupantes o poseedores de baldíos y viviendas en barrios como Ampliación Cabildo, José Ignacio Díaz Segunda Sección, Los Boulevares y General Savio, advirtiendo la obligación de remediar los daños y asumir los costos de limpieza, según lo informado por el municipio.
El registro de actas labradas por monitoreo en 2025 asciende a 121, y desde junio de 2024 hasta el 12 de diciembre de 2025 la Municipalidad de Córdoba retiró 5.210 toneladas de residuos en operativos conjuntos con la Unidad de Riesgo Sanitario. Las autoridades señalaron que los vehículos detectados arrojando basura suelen ser de gama media y alta, y remarcaron que quienes disponen irregularmente de residuos son responsables tanto como quienes no mantienen limpias sus propiedades.
La municipalidad advirtió sobre la reincidencia de esta práctica: la limpieza periódica no detiene el arrojo ilegal. Por ese motivo la fiscalización se amplió a 52 espacios públicos monitoreados y el municipio busca aumentar su parque tecnológico. En las denuncias también se solicitaron medidas como allanamientos y el cierre obligatorio de predios involucrados para evitar la proliferación de enfermedades y daños ambientales. Hasta el momento, los operativos de limpieza motivaron la intervención judicial en 104 inmuebles.
En materia sancionatoria, el régimen actualizado del Código de Convivencia contempla multas de entre 200 y 2.000 Unidades Económicas Municipales (equivalentes a entre $2.212.800 y $22.128.000), la posible inhabilitación del carné de conducir y el secuestro de los vehículos utilizados en las maniobras ilícitas. La Municipalidad advirtió que las pruebas fílmicas son el principal fundamento de las denuncias penales y administrativas.
Carpio instó a la población a “mantener la ciudad limpia” y a utilizar los canales oficiales para la disposición de objetos voluminosos y otros desechos. La autoridad municipal señaló además que se detectó el uso de servicios no habilitados, pese a la disponibilidad de alternativas legales ofrecidas por el municipio.
