Una investigación permitió desarticular una logística sofisticada de transporte y distribución de estupefacientes. El caso involucra a un comerciante y a su pareja, una modelo, como presuntos líderes de una organización narcocriminal radicada en Salta, dedicada al tráfico de marihuana entre Orán y la capital provincial.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una serie de juicios abreviados homologados entre octubre y noviembre, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó penas de hasta siete años de prisión para los implicados.
El 25 de noviembre, el magistrado Mario Marcelo Juárez Almaraz condenó a Benjamín Michel Delgado a siete años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.
Previamente, el 28 de octubre, los jueces Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano sentenciaron a José Burgos a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de siete millones de pesos destinados al pago de la droga incautada. En esa misma audiencia, Roberto Carlos Leiton recibió una condena de cuatro años por transporte agravado y resistencia a la autoridad.
Otros dos miembros de la banda fueron condenados en septiembre: Juan Alberto Romero recibió seis años de prisión por transporte agravado y resistencia a la autoridad, según la resolución de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.
En el caso de Ángela Cuenca, el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas homologó un acuerdo que le impone arresto domiciliario, en atención a que está a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.
La investigación, coordinada por el fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se inició en noviembre del año anterior tras un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se basó en datos de un informante anónimo.
El operativo clave se realizó el 5 de febrero, cuando la Fiscalía ordenó la detención de los principales integrantes de la organización. Ese día la banda se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3, empleando la modalidad de convoy con “coche puntero” para evadir controles. Al detectar la presencia policial en el acceso a la ciudad de Salta, el segundo vehículo efectuó una maniobra en “U” y huyó a más de 180 km/h, arrojando paquetes con droga por las ventanillas.
La persecución llegó hasta la finca San Juan de Dios, en Jujuy, donde la Policía encontró el auto abandonado y detuvo a Romero. Leiton y Delgado lograron escapar inicialmente, pero fueron capturados después: Leiton el 20 de febrero en Orán y Delgado el 10 de octubre tras un accidente en la ruta 50. Burgos fue detenido el mismo 5 de febrero en un allanamiento simultáneo, cuando intentó huir de su vivienda en la zona norte de Salta; en su poder se hallaron 250 gramos de marihuana y un bolso con seis millones de pesos destinados al pago de la droga.
Según la auxiliar fiscal Altamirano, la estructura de la organización estaba encabezada por Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, quienes coordinaban los viajes y negociaban la compra de droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en Aguas Blancas.
Oliva, además de participar en los traslados, gestionaba las finanzas y realizaba transferencias millonarias a los transportistas. Cuenca, pareja de Delgado, facilitaba la comunicación entre los vehículos, mientras que Leiton y Romero se alternaban como transportistas y nexos con los proveedores.
Entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025, la banda realizó 31 viajes, de los cuales 28 tuvieron como destino la casa de Burgos, donde se concretaba el pago y la distribución de la marihuana. El Ministerio Público Fiscal destacó que las transferencias recibidas en las cuentas familiares de Oliva, provenientes de Burgos, alcanzaron montos millonarios.
Mientras Tolaba y Oliva aguardan el juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, previsto para febrero de 2026, el caso pone de relieve la sofisticación y el alcance de las redes de narcotráfico en el norte argentino y la coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial para su desarticulación.
