El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis social. A los 40 días de gestión, el presidente y su gabinete presentaron un paquete de medidas económicas para estabilizar las finanzas públicas.
En el Decreto Supremo 5503, publicado el 17 de diciembre y compuesto por 120 artículos, la disposición que generó mayor controversia fue la eliminación del subsidio a los combustibles. Esa decisión, considerada por muchos necesaria debido al alto costo fiscal y a irregularidades relacionadas con su importación, implicó un aumento inmediato: la gasolina se duplicó y el diésel se triplicó de precio.
El impacto indirecto sobre el transporte y los alimentos motivó protestas en distintos sectores. El Gobierno manifestó voluntad de diálogo, pero afirmó que la medida no será revertida.
En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía y coautor del decreto, José Gabriel Espinoza, explicó los alcances de la norma, aclaró discrepancias con propuestas de campaña y señaló los pasos previstos para afrontar la crisis económica que afecta al país desde hace más de dos años.
-Ministro, se había dicho que las medidas económicas se adoptarían en marzo, tras las elecciones regionales. ¿Cómo se elaboró el decreto y qué aceleró su promulgación?
-Nunca se aseguró que las medidas vendrían en marzo; esa interpretación surgió en algunos medios y fue amplificada por analistas. La elaboración del decreto se desarrolló en semanas previas y refleja nuestra visión política: desregulación del sector público, apertura a inversiones extranjeras y la necesidad de eliminar un subsidio que fomentaba corrupción y erogaba recursos públicos.
-¿Hubo diálogo con organismos internacionales durante la preparación del decreto?
-Este plan es de elaboración nacional: no se basa en programas externos. El decreto fue formulado por un equipo del gobierno compuesto íntegramente por bolivianos.
-En campaña hubo acuerdo en revisar los subsidios, pero se discutía el gradualismo. Rodrigo Paz proponía una aplicación gradual. ¿Por qué optaron por un ajuste de choque?
-Durante la campaña existían alternativas más graduadas. No obstante, al asumir encontramos una situación que exigía actuar de inmediato: el subsidio estaba profundamente afectado por corrupción. Elegimos eliminarlo de una vez para evitar prolongar los efectos inflacionarios y los reclamos sociales que también se habrían producido con un proceso paulatino.
-También cambiaron su postura sobre depender del financiamiento externo. ¿Por qué esa modificación?
-Nos oponíamos al endeudamiento que perpetuara un manejo irresponsable de recursos, como el uso de créditos para financiar importaciones de combustible. Otra fuerza política proponía un alto endeudamiento para luego ajustar subsidios; eso no era viable sin ordenar primero las cuentas. Al llegar, comenzamos a desarticular redes de corrupción y a estabilizar las finanzas y el mercado cambiario. Con esa base, el financiamiento externo tiene un destino distinto y ya no se destinará masivamente a importar combustibles si el subsidio se elimina.
-Algunos analistas sostienen que, al no establecer una tarifa especial para el transporte, la inflación será mayor. ¿Qué harán para evitarlo?
-El decreto incorpora medidas sociales dirigidas a los más vulnerables, especialmente adultos mayores y niños. También contempla incentivos fiscales para sectores como el autotransporte, que ayudarán a mitigar el aumento de costos. Consideramos que no debería producirse un incremento desproporcionado y recordamos que meses antes ya hubo presiones inflacionarias por problemas de abastecimiento de combustible.
-Menciona dos grupos vulnerables, infancia y adultos mayores, pero el aumento de la Renta Dignidad para los mayores es limitado. ¿Por qué no se incrementaron las jubilaciones?
-Ese tema requiere un análisis de equilibrio fiscal y se tratará de forma diferenciada.
-¿Puede precisar un plazo?
-En las primeras seis semanas del próximo año se anunciará el nuevo presupuesto y los resultados del análisis para un eventual incremento de las jubilaciones.
-En los primeros días de vigencia del decreto hubo protestas en varios sectores. Si las manifestaciones escalan, ¿cómo se abordará el conflicto?
-Hasta ahora las movilizaciones han sido relativamente pequeñas: los bloqueos han estado conformados por 20 o 30 personas y no han tenido carácter masivo. Ministros designados por el presidente se reunieron con representantes del autotransporte y avanzaron en acuerdos iniciales. La expectativa de una gran movilización organizada por una alianza opositora no se concretó.
-¿El diálogo con los sectores ocurrió después de emitir el decreto? ¿No hubo acercamientos previos?
-Medidas de esta naturaleza no siempre se pactan previamente porque obedecen a responsabilidades de gobierno y para evitar procesos especulativos. Ahora es necesario dialogar con los sectores para explicar las decisiones y presentar las modificaciones que se implementan.
-Aunque el decreto propone reformas, no soluciona la escasez de dólares, dado que el combustible se paga en bolivianos internamente. ¿De dónde obtendrán divisas para no depender del financiamiento?
-Con el subsidio, alrededor del 30% del combustible se destinaba al contrabando, lo que generaba una sobredemanda de dólares para importación. Con los nuevos precios se reduce el incentivo al contrabando; estimamos una caída de entre 20% y 30% en la demanda de divisas. Además, el nuevo esquema de precios permite incorporar actores privados en la cadena de suministro, lo que aporta una solución estructural al problema de divisas para combustibles.
-¿A cuánto equivale ese 30% en cifras?
-Se requerían aproximadamente 260 millones de dólares mensuales para importar combustibles; una reducción del 30% representaría cerca de 78 millones de dólares menos en demanda de divisas.
-Algunos critican que no se controle la repatriación de divisas de los exportadores. ¿Por qué no se consideró esa medida?
-Imponer controles de capitales sería ineficiente porque desalienta las exportaciones formales y reforzaría la informalidad, algo que intentamos revertir. En años recientes hubo indicios de exportaciones ilegales de productos como oro, carne y granos, que se canalizaban por vías que eludían la formalidad.
-Hay expectativas sobre la liberación del tipo de cambio. ¿Qué planea el Gobierno para la crisis cambiaria?
-No se anuncian todos los detalles, pero se busca un régimen de flotación con bandas que permitan controlar la volatilidad sin intervenir para fijar el precio; será el mercado el que determine el tipo de cambio. El Banco Central trabaja en esas modificaciones.
-A los ahorristas les preocupa cuándo podrán retirar sus dólares de los bancos. ¿Hay un plazo estimado?
-Esperamos que las reservas del Banco Central comiencen a crecer y que haya acumulación de liquidez. Durante el segundo trimestre de 2026 confiamos en poder reanudar la devolución de depósitos en dólares, empezando por personas naturales y luego extendiéndolo al resto de depositantes.
-Otro cuestionamiento se refiere a las empresas públicas. Ustedes afirman que solo tres de 67 son rentables. ¿Cerrarían las deficitarias?
-El decreto prohíbe financiar empresas estatales con el Banco Central. No obstante, muchas empresas fueron creadas por ley y su liquidación requiere autorización del Congreso; no es una decisión exclusiva del Ejecutivo, por lo que el Legislativo debe intervenir en ese proceso.
