En la causa que investiga a la diseñadora de alta costura M. A. T. (54) por presunta estafa a casi 40 inversores, la Fiscalía detalló cómo habría funcionado un esquema Ponzi que habría provocado un perjuicio económico superior a USD 594.000 y 115 millones de pesos.
El colapso del sistema, ocurrido en septiembre de 2024, dejó al descubierto la magnitud de la maniobra. Según la acusación presentada ante el juez Hernán Postma, los fondos recaudados no se habrían destinado a la compra de insumos para confección de vestidos, sino al pago de intereses a otros aportantes y a gastos personales.
Tras la detención de los implicados, en la audiencia imputativa celebrada este viernes el magistrado los dejó en libertad bajo reglas de conducta. Además de la diseñadora, fueron imputados su pareja, J. A. M. (60), como partícipe secundario; su ex empleada M. E. J. (43), como partícipe primaria; y el peluquero R. F. R. (44), también como partícipe primario.
Según lo informado por Rosario3, la fiscal María Teresa Granato atribuyó a la titular de la marca la ejecución de “maniobras engañosas idóneas que indujeron a error a un número plural de personas”. La mecánica habría llevado a que al menos treinta y siete víctimas entregaran dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias, tanto en pesos como en dólares.
La investigación indica que el local de la marca funcionó como epicentro de la operatoria: allí se exhibían vestidos de fiesta y fotografías con personalidades, incluidos futbolistas y familiares, presentados como supuestos clientes. Para la Fiscalía, ese contexto y la imagen de la diseñadora como emprendedora exitosa habrían generado confianza entre potenciales inversores.
De acuerdo con los testimonios, la acusada atendía personalmente a quienes acudían al comercio y explicaba que, además del negocio de confección, recibía inversiones para financiar la compra de telas, bijouterie, piedras y otros insumos importados, asegurando que las ventas cubrirían los intereses prometidos.
La Fiscalía detalló que los intereses ofrecidos llegaban hasta un 30% mensual, aunque luego se reducían al 20% o 18% según el monto invertido, cifras que quedaban registradas en pagarés entregados a los aportantes.
También se informaba a los inversores que, para retirar el capital, debían avisar con sesenta días de antelación. Los documentos estaban firmados por la diseñadora y llevaban un sello con su nombre completo y CUIT, lo que reforzaba la apariencia de formalidad.
En la acusación se señaló que la participación de los otros imputados fue clave para el funcionamiento del sistema. En el caso de la ex empleada, se indicó que asumió tareas administrativas en el local desde febrero de 2024.
Entre sus responsabilidades figuraban el pago de impuestos, la realización de depósitos bancarios y pagos a mutuales y financieras; posteriormente comenzó a recibir el dinero de los inversores y a abonar intereses, manteniendo contacto directo con varias víctimas mediante WhatsApp.
La Fiscalía precisó que tanto la ex empleada como el peluquero efectuaron inversiones propias y captaron a nuevos aportantes aprovechando sus vínculos personales. Algunas víctimas declararon que conocieron la operatoria a través de R. F. R., quien la recomendaba y mencionaba que su pareja (M. E. J.) también invertía allí.
Por su parte, la pareja de la diseñadora fue imputada por colaboración secundaria, por participar en la recepción, conteo y entrega de dinero, y por efectuar pagos parciales a víctimas desde cuentas de su titularidad, lo que habría contribuido a sostener la apariencia de cumplimiento.
La investigación también indicó que la expansión del negocio llevó a la acusada a habilitar una oficina en Italia al 800 destinada exclusivamente a la recepción y retiro de dinero de los inversores, separando esa actividad del comercio de vestidos.
Según la ex empleada, esa medida buscaba evitar que se generara una imagen “extraña” en el local principal. Paralelamente, la diseñadora comenzó a acondicionar otro inmueble en Dorrego entre Córdoba y Santa Fe con la intención de trasladar el negocio, lo que habría incrementado la necesidad de captar mayores aportes.
La fiscal Granato sostuvo que la dinámica se correspondía con un esquema Ponzi clásico, en el que los intereses se pagan con el dinero de nuevos inversores y el sistema solo se mantiene mientras el flujo de ingresos permanece activo.
Por ello, según la Fiscalía, el colapso se produjo el 23 de septiembre de 2024, cuando se suspendieron los pagos. A partir de entonces la acusada habría enviado mensajes predeterminados a los inversores afirmando haber tomado créditos con más de doscientas personas y solicitando un plazo de treinta días para regularizar la situación.
A medida que los incumplimientos persistieron crecieron los reclamos y la imputada modificó su versión en varias oportunidades, alegando problemas con organismos fiscales, robos cometidos por ex empleados y cuestiones de salud, incluso presentando certificados médicos. Pese a reuniones y propuestas de pago, ninguno de los inversores recuperó su dinero después del 23 de septiembre de 2024.
