El ministro de Economía, Luis Caputo, restó importancia a la posibilidad de emitir deuda bajo legislación extranjera para afrontar parte del vencimiento de USD 4.300 millones que el Estado debe pagar en enero a acreedores privados.
En su cuenta de X, Caputo afirmó que intentarán evitar nuevas emisiones y que la meta es reducir la dependencia de Wall Street; se mostró optimista sobre lograrlo. Minutos después, el presidente Javier Milei compartió esa declaración, respaldando la postura del Gobierno.
Aunque en algún momento abrió la puerta a una colocación en el exterior, el ministro adoptó luego un tono más cauteloso y dejó claro que no es la opción preferida del Ejecutivo.
Según la agencia NA, el Gobierno dispone ya de cerca de USD 1.800 millones obtenidos mediante compras en el mercado y la colocación del BONAR 2029. Además, se esperan otros USD 700 millones por la concesión de las represas del Comahue.
El resto de los recursos necesarios podría provenir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o de un acuerdo de financiamiento tipo REPO en negociación con bancos. Ese mecanismo permitiría obtener dólares a corto plazo usando activos como garantía, sin recurrir directamente a las reservas del Banco Central.
En la conversación virtual que siguió, ante la consulta sobre si optarían por un repo o por una nueva emisión bajo ley local, Caputo señaló que el repo ya les asegura financiamiento a corto plazo, y que están trabajando en otras alternativas para el futuro, con el objetivo de que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina, al menos en lo que respecta a bonos soberanos.
La estrategia integra una ingeniería financiera más amplia que el Ministerio de Economía aplica para atravesar el calendario de vencimientos de 2026 sin sobresaltos. El pago de enero es el primero de varios compromisos importantes, entre los que figura otro vencimiento relevante en julio, por lo que el Gobierno busca combinar distintas fuentes de financiamiento.
La colocación del BONAR 2029, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa superior al 9% anual, fue un hito de ese plan: marcó el regreso al mercado voluntario de deuda en dólares tras casi una década y, según el equipo económico, tuvo buena recepción, ampliando las herramientas disponibles para gestionar los compromisos financieros.
En Economía enfatizan que la intención no es retomar un endeudamiento sistemático en los mercados internacionales, sino emplear estas opciones de manera selectiva y complementaria. En ese marco, el REPO aparece como una alternativa clave para reforzar la liquidez en dólares a corto plazo y ofrecer mayor previsibilidad en los pagos.
En paralelo, el Gobierno estudia cambios normativos para facilitar la administración de la deuda pública, como modificaciones a la Ley de Administración Financiera que permitan canjes o reordenamientos de vencimientos, con el objetivo de reducir la concentración de pagos y extender plazos sin recurrir a reestructuraciones.
El mensaje oficial busca transmitir que cumplir con los compromisos financieros es una prioridad y que se hará con prudencia en el uso de las herramientas disponibles. La emisión bajo legislación extranjera no está descartada, pero se contempla como último recurso frente a un esquema que privilegia el financiamiento local, acuerdos con bancos y la acumulación gradual de divisas.
