Rusia dio un nuevo paso para afianzar su control sobre la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia al emitir una licencia de operación para el primer reactor, una medida que apunta a regularizar la gestión y posible explotación de la mayor planta nuclear de Europa, ocupada por fuerzas rusas desde 2022.
La licencia fue otorgada por la agencia reguladora rusa Rostekhnadzor y autoriza el funcionamiento del primer bloque de acuerdo con la legislación y las normas técnicas de Rusia, informó Rosenergoatom, la filial operadora de la corporación estatal Rosatom, según la agencia oficial TASS.
Rosenergoatom anunció además su intención de tramitar licencias para los otros cinco reactores entre 2026 y 2027, lo que permitiría incorporar gradualmente la planta al marco regulatorio y al sistema energético ruso, pese a que la comunidad internacional sigue reconociendo a Zaporizhzhia como infraestructura ucraniana.
El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, afirmó que el primer reactor “está en condiciones técnicas operativas” y que la corporación trabaja para “reanudar la generación eléctrica cuando se cumplan los requisitos de seguridad”, según declaraciones publicadas por medios estatales rusos.
La central, situada en el sur de Ucrania, fue ocupada en los primeros meses de la invasión iniciada en febrero de 2022. Desde entonces Moscú controla físicamente la instalación, mientras Kiev considera la ocupación ilegal y acusa a Rusia de emplear la planta como instrumento de presión política y militar.
Analistas y autoridades ucranianas interpretan la concesión de licencias como un intento de normalizar una situación impuesta por la fuerza, en contradicción con el derecho internacional humanitario y con la posición de Naciones Unidas, que mantiene a Zaporizhzhia como territorio soberano de Ucrania.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido repetidamente sobre los riesgos para la seguridad nuclear en la planta, afectada por combates en sus inmediaciones, cortes de suministro eléctrico y denuncias cruzadas entre Moscú y Kiev sobre ataques y sabotajes. El OIEA mantiene observadores en la central desde 2022.
La licencia para el primer reactor tiene una vigencia de diez años. Además, en octubre pasado se autorizó el almacenamiento de combustible nuclear gastado en la planta por 25 años, decisión que refuerza la percepción de una permanencia prolongada de la gestión rusa sobre la instalación.
Las autoridades rusas sostienen que estas medidas buscan garantizar la seguridad técnica y radiológica de la central. Ucrania las considera maniobras administrativas para consolidar una anexión de facto y alerta sobre los riesgos de operar una instalación nuclear en un territorio ocupado y en situación de conflicto. El futuro de Zaporizhzhia es, además, uno de los puntos más sensibles en cualquier posible negociación para poner fin al conflicto: Kiev exige la devolución de la planta, mientras Moscú avanza en hechos consumados que podrían dificultar su reposición a control ucraniano.
