Los fiscales de Corea del Sur pidieron este viernes una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por delitos vinculados a su fallida declaración de la ley marcial en diciembre pasado, un episodio que desencadenó protestas masivas, enfrentamientos institucionales y su posterior destitución.
La solicitud de condena incluye cargos por obstrucción a la justicia, tras acusaciones de que Yoon excluyó a miembros del gabinete de una reunión clave sobre la imposición de la ley marcial y, en enero, impidió su detención por parte de investigadores. Un tribunal de Seúl prevé dictar sentencia el mes próximo, informó la agencia Yonhap.
Yoon suspendió temporalmente el régimen civil el 3 de diciembre de 2024, la primera medida de ese tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur. La decisión provocó manifestaciones multitudinarias y un enfrentamiento directo con el Parlamento, donde fuerzas armadas intentaron bloquear una votación destinada a anular el decreto presidencial.
El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon en abril, al concluir que sus acciones vulneraron el orden democrático. Desde entonces, el exmandatario enfrenta varios procesos judiciales relacionados con la declaración de la ley marcial y otros presuntos delitos conexos.
En las audiencias, Yoon afirmó que la declaración de la ley marcial obedeció a la necesidad de enfrentar lo que describió como “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”. La fiscalía rechazó ese argumento y sostuvo que las pruebas demuestran un uso indebido del poder presidencial con fines políticos.
Además, una fiscalía especial presentó una acusación formal que imputa a Yoon por colaborar con el enemigo. Según los fiscales, el ex presidente ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte con el objetivo de justificar la imposición del control militar durante su mandato.
La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra Yoon.
Park añadió que “Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”.
La investigación sostiene que las operaciones militares formaron parte de un plan deliberado para provocar a Pyongyang y generar un escenario de crisis que habilitara la ley marcial. Como principal prueba, la fiscalía citó un memorando redactado en octubre del año pasado por el entonces jefe de contrainteligencia militar.
Ese documento instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja” y señalaba que las fuerzas armadas debían “apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”. Según la acusación, esas directrices evidencian la intención de escalar la tensión con Corea del Norte.
Pyongyang afirmó el año pasado que había “probado” que Corea del Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una denuncia que las fuerzas surcoreanas no confirmaron oficialmente. La península coreana permanece técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, al no existir un tratado de paz que diera fin al conflicto iniciado en 1950.
(Con información de AFP)
