Diego Santilli se reunió con Patricia Bullrich y volvió a hablar con gobernadores. Las negociaciones con mandatarios provinciales —realizadas en varias etapas y hasta último momento— fueron monitoreadas desde el Ministerio de Economía, con Carlos Guberman en primera fila. También intervinieron figuras como Martín Menem y Lule Menem y hubo participación de Santiago Caputo. Fue una operación negociadora para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. El texto que celebró Olivos terminó siendo el proyecto recortado en Diputados, lo que ocho días antes había provocado el enojo del oficialismo y rumores sobre un posible veto.
El Gobierno logró así aprobar el primer Presupuesto de su gestión, después de dos reescrituras de la ley vigente desde el cierre de la etapa kirchnerista. El cambio implicó un mayor costo político y negociación con gobernadores, y la necesidad de absorber el impacto del rechazo parcial en Diputados, que retrasó el pase al Senado.
La eliminación del discutido Capítulo XI generó inicialmente una reacción fuerte del Ejecutivo. Además de alusiones momentáneas a un veto, circularon versiones sobre modificaciones de partidas en respuesta al rechazo del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, e incluso advertencias sobre recortes a las provincias. Sin embargo, esas alternativas se diluyeron ante la necesidad de conseguir los votos en el Senado.
El festejo del viernes por la noche fue por la aprobación del Presupuesto sin cambios. Esa aceptación del texto tal como llegó de Diputados representó una reversión respecto a la idea de revancha y evitó nuevos impedimentos a ajustes previstos en educación e investigación. A la vez, puso en evidencia el complejo y costoso proceso de acuerdos con gobernadores para conseguir apoyos clave.
Las negociaciones se dieron proyecto por proyecto, sin que surgiera un mecanismo de acuerdos estables y duraderos. El arco de interlocutores incluyó desde aliados formales hasta sectores dialoguistas y actores que buscan tanto acompañar como dividir al peronismo/kirchnerismo. Entre las contraprestaciones utilizadas estuvieron los ATN, deudas pendientes por pactos fiscales anteriores y casos puntuales vinculados a cajas previsionales no transferidas.
Durante el debate en el Senado se difundieron detalles sobre el cumplimiento de acuerdos con gobernadores de distintas filiaciones: peronistas alejados del kirchnerismo (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados (Mendoza, Entre Ríos, Chaco) y provincias no alineadas (Misiones, San Juan), entre otras.
El cierre del trámite del Presupuesto permitió al Gobierno celebrar un avance, aunque con el doble costo de intensas negociaciones y la postergación de la reforma laboral, consecuencia del traspié en Diputados. Esa situación no fue solo producto de un error de cálculo puntual, sino de prácticas políticas y de concepción en la gestión.
Desde el inicio llamó la atención que el Ejecutivo hubiera planteado que el recambio legislativo permitiría avanzar con facilidad y que, a continuación, se intentaran imponer artículos sin consultar previamente a gobernadores ni a opositores dispuestos a negociar. Tras los errores autoprovocados, se señalaron responsables como Luis Caputo por el capítulo eliminado y a Federico Sturzenegger por las tensiones adicionales que llevaron a postergar la reforma laboral.
Resulta paradójico que, a partir de octubre, el Gobierno haya sobredimensionado el impacto electoral y, al mismo tiempo, desaprovechado la oportunidad para consolidar alianzas más sólidas. Tras la elección tuvo casi cuarenta días para cerrar acuerdos de cara a las sesiones extraordinarias; contaba con el impulso del resultado electoral y con gobernadores necesitados de fondos. Además, noviembre fue un mes negativo para la coparticipación, lo que agravó la situación por la caída del consumo y decisiones centrales que afectaron el reparto de ATN.
El Ejecutivo sostiene, como una fórmula recurrente, que mantener abiertos esos frentes sin dar soluciones de fondo a las demandas provinciales permite negociar otros proyectos, en particular los que denomina “reformas estructurales”. No obstante, el desarrollo del Presupuesto mostró que la realidad política no siempre se ajusta a esos objetivos, aunque se invoque la “lógica de la política”, frase utilizada por Javier Milei para justificar pactos con el kirchnerismo en el nombramiento de integrantes de la Auditoría General de la Nación.
Otra particularidad de la ofensiva gubernamental tras octubre fue el anuncio de un trámite exprés para la reforma laboral, con la pretensión —inicialmente difundida— de sancionarla antes de fin de año. Finalmente, su tratamiento se postergó hasta febrero y surgieron, fuera del debate público, críticas técnicas sobre el bajo nivel del texto y la posibilidad de que artículos sean objeto de impugnaciones judiciales si se aprueban tal como estaban redactados.
Queda por ver cómo continuará el calendario legislativo, incluida la fecha para una segunda convocatoria a sesiones extraordinarias.
