Nueve personas fueron detenidas en Génova, en el noroeste de Italia, y se intervinieron tres organizaciones benéficas acusadas de haber transferido más de 7 millones de euros al grupo Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La operación se realizó por orden judicial a petición de la Dirección Antimafia y Antiterrorismo e forma parte de las investigaciones para combatir la financiación del terrorismo internacional.
Entre los arrestados figura Mohammad Hannoun, señalado como jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula en Italia. Según la investigación, Hannoun ocupaba cargos legales o administrativos en las asociaciones implicadas y dirigía la recaudación de fondos presentándola como ayuda humanitaria, destinando en realidad más del 70 % de los fondos al grupo o a entidades afiliadas.
También fueron detenidos Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante para el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d’Oro; y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, a quien se le atribuye la transferencia de al menos 462.700 euros a Hamas, incluidas entregas en efectivo.
Las organizaciones investigadas son la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, creada en Génova en 1994; la Organización de Voluntarios para Palestina, constituida en 2003; y La Cupola d’Oro, fundada en 2003 en Milán.
Las transferencias de fondos se remontan al 18 de octubre de 2001 y se incrementaron tras los hechos de octubre de 2023, alcanzando un total de 7.288.248,15 euros. Las autoridades detectaron mecanismos de triangulación que incluían transferencias bancarias y otros métodos, utilizando asociaciones en el extranjero para canalizar recursos hacia entidades en Gaza, los Territorios Palestinos o Israel.
Parte de los recursos habría tenido como destino el apoyo a familias de atacantes suicidas y a personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, lo que pone de manifiesto el uso de entidades benéficas como fachada para actividades ilícitas.
A los detenidos se les imputan delitos relacionados con la conspiración para cometer actos de terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y por subversión del orden democrático.
La investigación contó con la cooperación de órganos policiales y judiciales de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea, lo que permitió identificar y desarticular la red de financiación ilícita vinculada al grupo radical.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, calificó el caso de grave y destacó la determinación del gobierno frente a este tipo de amenazas, subrayando que actividades encubiertas bajo la apariencia de ayuda social pueden acabar respaldando organizaciones terroristas.
Piantedosi insistió en la necesidad de mantener la máxima vigilancia ante peligros que se presentan como asistencia humanitaria y en la importancia de controles continuos para detectar y frenar formas de financiación de grupos extremistas.
