Israel anunció que suspendrá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias internacionales que operan en la Franja de Gaza por no ajustarse a un nuevo marco regulatorio que exige información adicional sobre su personal, financiación y actividades. La medida, comunicada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo, entrará en vigor el 1 de enero.
El ministerio indicó que cerca de 25 organizaciones —aproximadamente el 15% de las ONG internacionales en Gaza— no renovaron sus permisos tras negarse a cumplir los nuevos requisitos. Entre las entidades mencionadas figuran Médicos Sin Fronteras (MSF), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), CARE International, el Comité Internacional de Rescate y divisiones de Oxfam y Caritas, según la lista difundida por las autoridades.
El Gobierno israelí ha señalado a MSF por no aclarar el papel de algunos empleados palestinos que, según sostiene, tendrían vínculos con Hamás y otros grupos armados. Israel afirmó haber identificado en 2024 a dos trabajadores con supuestos enlaces a la Yihad Islámica Palestina y a Hamás. MSF niega esas acusaciones y afirma que no contrataría conscientemente a personas involucradas en actividades militares.
Las autoridades precisaron que las organizaciones recibieron notificaciones previas y dispusieron de hasta diez meses para entregar la información solicitada. Si no se revierten las decisiones, las licencias serán revocadas el 1 de enero y las ONG con sede en Israel o Jerusalén Este deberán cerrar sus oficinas y salir del país antes del 1 de marzo.
Las ONG afectadas han calificado las nuevas normas de arbitrarias y peligrosas. Varias organizaciones argumentan que negarse a compartir listados completos de personal palestino responde a razones de seguridad y a obligaciones legales de protección de datos, especialmente bajo marcos jurídicos europeos. “En Gaza hemos visto a cientos de trabajadores humanitarios asesinados. Entregar esos datos supone un riesgo real”, advirtió Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados.
En la práctica, la suspensión de licencias impide que las organizaciones envíen personal internacional o canalicen ayuda hacia Gaza. Las ONG advierten que, pese al alto el fuego, las necesidades humanitarias siguen siendo muy elevadas y que la restricción aumenta la carga sobre el personal local ya agotado.
El ministro Amichai Chikli defendió la medida argumentando que la asistencia humanitaria es bienvenida, pero no lo es la utilización de marcos humanitarios para actividades terroristas. Por su parte, COGAT, organismo encargado de coordinar la ayuda a Gaza, dijo que las ONG afectadas aportan menos del 1% del total de la asistencia que entra en el enclave y que más de 20 organizaciones han recibido autorización para seguir operando.
Existe además un desacuerdo persistente entre el Gobierno israelí y las ONG —respaldadas por Naciones Unidas en algunos casos— sobre el volumen real de ayuda que llega a Gaza. Israel sostiene que cumple los compromisos del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, mientras que las organizaciones y la ONU consideran que la cantidad es insuficiente para una población de más de dos millones de personas en un territorio severamente afectado por el conflicto.
El endurecimiento de las reglas para las ONG forma parte de una política más amplia de confrontación con actores humanitarios internacionales. Durante la guerra, Israel ha acusado a la UNRWA de estar infiltrada por Hamás y de permitir el uso indebido de sus instalaciones; la agencia y la ONU han negado esas imputaciones. En enero, Israel prohibió a la UNRWA operar en su territorio y Estados Unidos suspendió a comienzos de 2024 su financiación a la agencia.
La preocupación sobre el uso que se dará a los datos requeridos por Israel ha sido central en la respuesta del sector humanitario. Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una plataforma que agrupa a más de 100 organizaciones en los territorios palestinos, afirmó que las autoridades no han garantizado que la información no será empleada con fines militares o de inteligencia. Recordó además que más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde el inicio del conflicto.
Representantes del sector señalaron que permitir que una de las partes del conflicto evalúe al personal, en un contexto de ocupación, plantea riesgos para principios humanitarios como la neutralidad y la independencia. Las ONG dijeron haber propuesto alternativas, como evaluaciones por terceros, pero aseguraron que Israel rechazó discutir esas opciones.
La decisión añade tensión a un sistema humanitario ya presionado, en el que el acceso, la seguridad del personal y la cantidad de ayuda disponible siguen siendo factores críticos para la supervivencia de la población civil en Gaza.
