El equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de insurrección por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024, hecho que desató una de las mayores crisis políticas recientes en el país.
La petición, presentada ante el tribunal de distrito de Seúl, atribuye a Yoon el intento de socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional. La Fiscalía sostiene que esa actuación representó una grave amenaza para la democracia y, por ello, reclama la máxima sanción prevista en la legislación surcoreana.
Según la agencia AFP, los fiscales sostienen que Yoon lideró una insurrección motivada por ansias de poder con el objetivo de instaurar una dictadura, y subrayan que el exmandatario no mostró remordimiento por acciones que pusieron en riesgo el orden constitucional y el sistema democrático.
La acusación se formalizó tras una investigación dirigida por el fiscal especial Park Eok Su, quien enfatizó la gravedad del delito y afirmó que la movilización de tropas y recursos estatales respondió a intereses personales del entonces presidente.
Además, Yoon enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción a la justicia, al imponer la ley marcial sin que existiera una situación de guerra, una emergencia nacional o una crisis de gran envergadura, condiciones exigidas por la ley para adoptar esa medida.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol sorprendió al país con un anuncio televisado en el que declaró la ley marcial y desplegó tropas en las inmediaciones del Parlamento. Ese mismo día, según AFP, un grupo de diputados accedió al hemiciclo, rodeado por soldados, y votó la suspensión del decreto presidencial.
El suceso provocó protestas masivas y una intensa confrontación política que culminó con la destitución oficial del mandatario en abril de 2025 por decisión del Tribunal Constitucional.
Tras su destitución, Yoon fue detenido y actualmente enfrenta ocho juicios por distintos cargos penales vinculados a la declaración de la ley marcial y a otros escándalos ocurridos durante su administración.
La Fiscalía argumenta que la declaración de la ley marcial perseguía asegurar la permanencia de Yoon en el poder mediante el control del poder judicial y legislativo, y que estas acciones se planificaron durante más de un año con el propósito de eliminar rivales políticos y concentrar el poder.
También se alega que Yoon intentó propiciar el arresto de figuras clave, entre ellas el entonces presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el líder opositor —y actual mandatario— Lee Jae Myung, elegido en una votación anticipada en junio de 2025.
El Código Penal de Corea del Sur contempla tres penas posibles para los delitos de insurrección: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados. Aunque la pena capital sigue vigente en la ley, no se ha ejecutado ninguna sentencia de este tipo desde 1997.
El tribunal está a la espera de emitir un veredicto, cuya fecha está programada para febrero.
(Con información de AP, Europa Press, AFP)
