Amnistía Internacional (AI) informó el jueves sobre lo que califica como una “masacre” de manifestantes en Irán, indicando que la violencia alcanzó una escala sin precedentes y que la comunidad internacional debe tomar medidas diplomáticas inmediatas para detener el derramamiento de sangre y poner fin a décadas de impunidad en la República Islámica.
En un informe exhaustivo basado en testimonios y videos verificados, la organización sostiene que las fuerzas de seguridad iraníes han perpetrado ejecuciones extrajudiciales masivas desde el 8 de enero, coincidiendo con un apagón casi total de internet que dificultó la documentación de la represión.
“Esta espiral de violencia e impunidad debe terminar”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Incluso en el contexto del historial de las autoridades iraníes, la gravedad y la magnitud de las muertes desde el 8 de enero son excepcionales”.
Llamado a la justicia internacional
AI pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas que convoquen sesiones especiales en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos, y solicitó formalmente que el caso de Irán sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar posibles crímenes de derecho internacional.
La organización señaló que la falta de rendición de cuentas por represiones anteriores ha “envalentonado” a las autoridades. Mientras las cifras oficiales admitidas por el gobierno alcanzan los 2.000 fallecidos, grupos de activistas en el exilio registran al menos 2.615 muertos en la última semana, según el informe.
Callamard añadió que “las autoridades han recurrido deliberadamente a matanzas masivas de manifestantes que exigen cambios fundamentales y una transición hacia un sistema que respete los derechos humanos y la dignidad”.
Evidencias de una represión coordinada
El análisis de AI, que incluye videos de diez ciudades en provincias como Teherán, Alborz y Sistan y Baluchistán, detecta un patrón coordinado de uso de fuerza letal. Las pruebas muestran francotiradores ubicados en azoteas de edificios residenciales y mezquitas, empleando rifles y escopetas que alcanzaron la cabeza y el torso de manifestantes desarmados.
En la provincia de Teherán, los registros son especialmente contundentes. AI examinó cinco videos tomados en una morgue improvisada en Kahrizak donde se identificaron al menos 205 bolsas con cadáveres; un monitor dentro de las instalaciones mostraba un contador que llegó a señalar 250, para que las familias localizaran a sus fallecidos.
Un testigo presencial describió la situación en el depósito de cadáveres de Kahrizak el 9 de enero: “Entraron en una sala de autopsias con cuerpos apilados unos sobre otros… Había una habitación tan llena de cuerpos que la puerta no se abría”.
El horror en las provincias
La represión se extendió más allá de la capital. En Mashhad, provincia de Razavi Khorasan, un trabajador sanitario dijo a AI que, en una sola noche, 150 cuerpos de jóvenes manifestantes fueron trasladados desde un hospital al cementerio de Behesht Reza, y que muchas víctimas fueron enterradas antes de ser identificadas.
En Kermanshah, los residentes describieron la ciudad como una “zona de guerra”. Un herido relató: “Era un campo de disparos. Los oficiales salieron de los callejones y empezaron a disparar. Recibí 20 perdigones metálicos… Las fuerzas incluso dispararon contra viviendas que albergaban a personas que huían”.
Un periodista en Teherán envió un mensaje a la organización pidiendo que se informe al mundo sobre los crímenes que, según él, están ocurriendo en Irán y advirtiendo que, si no se actúa, las autoridades pueden convertir el país en un lugar de masivas pérdidas humanas.
El desafío diplomático y el aislamiento
El informe llega en un momento de alta tensión. Irán cerró su espacio aéreo durante varias horas la madrugada del jueves sin dar explicaciones, una medida usada anteriormente en contextos de enfrentamiento. Estados Unidos comenzó a movilizar personal en bases de la región, y el presidente Donald Trump dijo que su administración “actuaría en consecuencia” ante la represión.
El ministro de Justicia iraní, Amin Hossein Rahimi, calificó a los manifestantes de “criminales” y “terroristas”, advirtiendo que quienes participaron en las concentraciones desde el 8 de enero serán procesados.
Amnistía destacó que el apagón de internet complicó la recolección de pruebas, pero sostuvo que la evidencia disponible es suficiente para justificar procesos penales bajo el principio de jurisdicción universal.
“La comunidad internacional debe emprender acciones diplomáticas urgentes para proteger a los manifestantes de nuevas masacres y enfrentar la impunidad que fomenta el derramamiento de sangre estatal”, concluyó Callamard.
