El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció concesiones dirigidas a los socialistas para intentar asegurar la aprobación del presupuesto de 2026 y evitar una nueva crisis de gobierno. En una intervención televisada dijo que el nuevo proyecto “será diferente del inicial —es mejor, puede unir a la gente y creo que es responsable”. Lecornu decidió suspender el debate parlamentario sobre las cuentas al estimar que se encaminaba al fracaso y se comprometió a mantener el diálogo con los grupos políticos moderados.
El Ejecutivo busca un acuerdo con el Partido Socialista, cuyos diputados ocupan una posición determinante en una Asamblea Nacional fragmentada. Las medidas anunciadas responden en buena parte a demandas de centroizquierda: evitar subidas de impuestos para los hogares, elevar los ingresos de quienes cobran el salario mínimo, mantener las ayudas a la vivienda, reforzar el apoyo a estudiantes y crear puestos de trabajo adicionales en la educación, además de garantizar que los más ricos contribuyan de forma justa.
Lecornu defendió que el presupuesto de compromiso “protege a quienes trabajan y producen” y calificó esta aproximación de “sentido común”. No precisó si recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar el presupuesto por decreto pero abre la vía a una moción de censura inmediata. Como alternativa, miembros del Gobierno aludieron a la posibilidad de emplear “ordonnances” bajo el artículo 47, un recurso inédito que podría aplicar medidas fiscales incluso si el Ejecutivo pierde el apoyo parlamentario.
La propuesta de utilizar decretos provocó críticas en la oposición. El diputado socialista Philippe Brun afirmó que recurrir a esa vía equivaldría a “una especie de golpe de Estado larvado”. Los socialistas, que hasta ahora rechazaban el uso del 49.3, han expresado su preferencia por ese mecanismo frente a la imposición de decretos que dejarían al Parlamento sin influencia sobre el contenido del presupuesto.
La situación política y financiera está tensionada desde las elecciones anticipadas de 2024, que fragmentaron la Asamblea y complicaron la formación de mayorías estables. Esa incertidumbre se reflejó en los mercados: la prima de riesgo de la deuda francesa a diez años frente a la alemana llegó a 85 puntos básicos en octubre y se situó en 68 puntos básicos el viernes, el nivel más alto en más de una semana tras las nuevas concesiones del Gobierno.
El proyecto presupuestario incluye una partida de 400 millones de euros para construcción de vivienda, la preservación del subsidio de desempleo y la congelación del impuesto sobre la renta. Para atraer a los conservadores, el Ejecutivo promete un gasto público inferior al del año anterior y mantiene compromisos con el sector agrícola, renunciando a subidas de impuestos para particulares. Solo crecerá el gasto en defensa, Interior, educación, transición ecológica y asuntos de ultramar; el resto de ministerios y las autoridades locales deberán ajustar a la baja sus presupuestos, aun en un año de elecciones municipales.
El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, advirtió que el país entraría en una “zona de peligro” en los mercados si no reduce el déficit por debajo del 5% del PIB este año, desde el 5,4% de 2024. Lecornu aseguró que los recortes serán “justos” y permitirán alcanzar ese objetivo: “Este año estaremos en el 5% y, si el crecimiento lo permite y la estabilidad política ayuda, probablemente será menos”, afirmó.
El resultado de las negociaciones y la respuesta de socialistas y conservadores determinarán si el Gobierno de Lecornu logra evitar una moción de censura y un posible adelanto electoral, situación que tensiona la escena política ante las presiones de la extrema derecha y de La Francia Insumisa.
(Con información de Bloomberg y EFE)
