El proyecto de ley de modernización laboral que está en el Congreso ocupa 71 páginas y contiene 197 artículos. Introduce cambios en los períodos de prueba, las indemnizaciones, las jornadas laborales y los fondos de cese; crea nuevos regímenes, reduce aportes patronales y busca fomentar la formalización del empleo.
Sin embargo, no incluye ninguna disposición sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Es comparable a renovar una casa entera y omitir que el 10,2% de la familia no puede subir las escaleras: más de 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) enfrentan obstáculos significativos al intentar acceder al empleo.
Los datos revelan la dimensión del problema. Según la OIT y la ahora extinta Agencia Nacional de Discapacidad, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad en Argentina tienen empleo. Entre quienes poseen CUD y están en edad laboral, únicamente el 9% tiene trabajo registrado. Al mismo tiempo, el proyecto avanza sobre contratos a plazo fijo y eventuales sin abordar que el 87,4% de las personas con discapacidad permanece fuera del mercado formal.
Es una paradoja: mientras el proyecto reduce contribuciones patronales, establece incentivos para contratar y amplía períodos de prueba, no dedica ningún apartado a eliminar las barreras que mantienen a 9 de cada 10 personas con discapacidad fuera del sistema laboral.
Resulta equivalente a reformar la educación y no prever accesos adaptados en las escuelas.
Argentina sí cuenta con legislación previa: la Ley 22.431 establece desde 1981 un cupo del 4% para el Estado, que nunca se cumplió de manera sostenida. En la práctica, el sector privado, donde se concentra la mayor parte del empleo formal, no tiene obligación general de contratar personas con discapacidad. En Brasil, por ejemplo, existen cupos escalonados del 2% al 5% según el tamaño de la empresa, con sanciones y controles efectivos, lo que se traduce en mayores niveles de inclusión laboral.
Otros países avanzaron con medidas obligatorias: Chile aprobó en 2018 la Ley 21.015, que exige a empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos el 1% de personas con discapacidad; Uruguay mantiene un cupo del 4% en el sector público con mecanismos de control; y naciones como España, Alemania, Austria y Francia aplican sistemas de cuotas con sanciones económicas.
Argentina, que fue pionera en la región con la primera normativa de cupo en 1974, observa ahora cómo otros países implementan sistemas más efectivos.
“Este proyecto era la oportunidad. Podríamos haber establecido cupos progresivos en empresas privadas, creado incentivos fiscales de verdad, incorporado los ajustes razonables como derecho exigible y promovido el teletrabajo como herramienta de inclusión. Pero se eligió el silencio.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, establece la obligación de “promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes”. El proyecto actual moderniza y flexibiliza normativas y reduce cargas, pero no incluye medidas específicas para garantizar la inclusión laboral.
Los datos internacionales respaldan la necesidad de políticas activas: la brecha de participación laboral entre personas con y sin discapacidad es de 36 puntos porcentuales según la OIT. El Banco Mundial estima que los países pueden perder hasta el 7% de su PBI por no integrar a este colectivo en el mercado de trabajo. En Argentina, solo 3 de cada 10 empresas cuentan con programas de inclusión.
No se trata de caridad, sino de derechos humanos y de igualdad de oportunidades.
En Argentina hay 1.594.888 personas con CUD; la mayoría desea y puede trabajar, pero encuentra obstáculos sistemáticos. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se observan las consecuencias: personas dependientes de pensiones insuficientes, familias con mayores niveles de pobreza, pérdida de talento y proyectos pospuestos. El empleo aporta ingresos, pero también dignidad, autonomía y pertenencia.
El proyecto sigue en el Congreso y los legisladores aún pueden incorporar un capítulo sobre inclusión laboral de personas con discapacidad: establecer cupos en el sector privado, diseñar incentivos fiscales efectivos, vincular la contratación de personas con discapacidad a los nuevos regímenes de estímulo a la inversión y hacer obligatorias la accesibilidad y los ajustes razonables en cualquier reforma.
Es posible introducir estas medidas y sería recomendable hacerlo.
Modernizar el mercado laboral sin incluir a las personas con discapacidad no constituye una modernización completa: implicaría reproducir la exclusión con nuevas herramientas. Las personas con discapacidad llevan mucho tiempo fuera de un derecho básico que debería ser universal: el derecho al trabajo.
