Por la gravedad de los hechos —delictivos y atentatorios contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades electas— se dispuso dar intervención inmediata a la Justicia para que investigue quiénes instalaron esos aparatos y con qué finalidad.
Simultáneamente, se puso en marcha una investigación administrativa interna con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura estatal.
En un comunicado oficial, el Gobierno provincial afirmó: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
En ese marco, se remarcó que “hace más de un año la provincia decidió cambiar de rumbo: poner fin a las mafias, a los sótanos del poder y a los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Asimismo, se indicó que la investigación avanzará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
El comunicado concluye que la transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones son innegociables. Después de veinte años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo que no se detendrá.
