Un tribunal controlado por Rusia en la region ocupada de Donetsk condeno el jueves a trece anos de prision a los exmilitares colombianos Jose Medina y Alexander Ante, acusados de actuar como “mercenarios” en las filas del ejercito ucraniano.
Medina, de 37 anos, y Ante, de 48, son veteranos del ejercito colombiano que viajaron a Ucrania a finales de 2023. Sus familias sostienen que ambos desaparecieron en julio de 2024 mientras regresaban a Colombia tras una escala en Caracas y, desde entonces, no han tenido contacto con ellos.
“Son muchos anos. No se si algun dia nos volveremos a ver”, dijo Cielo Paz, esposa de Medina, a la agencia AFP tras conocer la sentencia. “Ni una carta de el, ni una llamada, nada”.
El caso pone de manifiesto la opacidad del sistema judicial impuesto por Rusia en los territorios ucranianos bajo su control, donde las garantias procesales son inexistentes y los juicios se celebran sin observadores independientes. Las familias no fueron informadas del proceso ni pudieron comunicarse con los acusados. “No sabemos nada. No nos han dicho como fue el juicio”, declaro Astrid Medina, hermana de Jose.
Los dos colombianos comparecieron ante un tribunal en Donetsk, territorio que Moscu anexo en 2022 tras un referendo no reconocido internacionalmente. En un video difundido por el Comite de Investigacion ruso, Medina aparece esposado, con gorro y chaqueta negra, mientras es escoltado hacia la sala.
Un patron de condenas
Desde el comienzo de su invasion en febrero de 2022, Rusia ha calificado como “mercenarios” a los extranjeros que combaten en Ucrania, negandoles asi el estatus de prisioneros de guerra previsto en la Convencion de Ginebra. Esta etiqueta permite imponer penas severas y busca disuadir la llegada de voluntarios internacionales. En mayo pasado, Rusia condeno a 13 anos a un ciudadano australiano por el mismo cargo; en octubre, un estadounidense de 70 anos recibio casi siete anos. En todos los casos se registraron audiencias sin defensa independiente ni observadores externos.
Analistas de derechos humanos consideran que estas sentencias son parte de una estrategia propagandistica del Kremlin para legitimar su control en los territorios ocupados y presentar a Rusia como victima de una “intervencion extranjera” en Ucrania. Human Rights Watch ha documentado repetidamente la falta de garantias y los abusos cometidos por las autoridades rusas en areas ocupadas.
El gobierno de Colombia aun no ha emitido un comunicado oficial sobre la condena, aunque reconoce que decenas de sus ciudadanos han viajado a Ucrania desde el inicio de la guerra. La mayoria son exmilitares o expolicias que, ante la falta de opciones laborales tras la desmovilizacion de las FARC y la reduccion de las fuerzas armadas, fueron reclutados por intermediarios privados que les prometieron salarios de hasta 3.000 dolares mensuales.
Colombia se ha convertido en una fuente persistente de combatientes para conflictos en el extranjero. Decenas de exsoldados con formacion en operaciones contrainsurgentes han sido enviados en anos recientes a Irak, Afganistan, Sudan y ahora a Ucrania, a traves de empresas privadas que actuan como intermediarias entre gobiernos y contratistas internacionales con vinculos opacos.
La conexion venezolana
Las familias de Medina y Ante afirman que fueron detenidos en Caracas por la policia venezolana antes de ser entregados a autoridades rusas. Si se confirmara, el caso revelaria una cooperacion entre el regimen de Nicolas Maduro y el Kremlin para realizar detenciones o extradiciones informales.
Venezuela, aliada de Moscu, ha reforzado sus lazos con Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, respaldando publicamente sus acciones mientras enfrenta su propio aislamiento internacional.
Las familias colombianas viven en una situacion de incertidumbre. Cielo Paz aseguro que su esposo y su companero ya habian concluido su mision en Ucrania y que, segun su version, fueron secuestrados en Venezuela.
El diario colombiano El Tiempo informo que fueron detenidos en Caracas por la policia local.
