El Gobierno de Irán difundió este viernes su propio balance de víctimas por las protestas que comenzaron a fines de diciembre, en un intento por establecer su versión de una represión que ha recibido fuertes críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, de las cuales 600 fueron calificadas por las autoridades como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, dijo Araqchi en un mensaje público, sin explicar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar verificación independiente de la cifra.
Es el primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de informaciones fragmentadas y comunicados parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales señalaron que el recurso a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas pone de relieve la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que calculan hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos en el marco de una represión que se extendió por numerosas ciudades; esos grupos denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción masiva de infraestructura pública: aseguró que los supuestos “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas empezaron a fines de diciembre en un contexto de profunda crisis económica, con el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Durante varias jornadas las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con reclamos centrados en la situación económica y críticas al gobierno, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha atribuido la violencia a actores externos, afirmando que fuerzas extranjeras y opositores en el exilio fomentaron los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se intensificó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevas acciones contra Irán si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto solicita además que se garanticen juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y que no se impongan penas de muerte por delitos que no sean los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
