Durante el embarazo, la madre de Itzaé no recibió controles perinatales y continuó con problemas de adicción y de salud mental sin tratamiento. El padre biológico no estaba presente y en la casa vivía un abuelo con problemas de alcoholismo, factores que se consideraron perjudiciales para el entorno de crecimiento de la niña.
El caso fue reportado por el diario uruguayo El Observador y tuvo repercusión pública. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) abrieron investigaciones sobre lo ocurrido.
Itzaé nació en el hospital pediátrico Pereira Rossell, donde los trabajadores sociales evaluaron que sus derechos estaban vulnerados. Posteriormente fue trasladada a la Fundación Canguro, que atiende a bebés desamparados mientras el Estado determina su situación definitiva.
Durante ese periodo, nadie reclamó por la bebita.
Permaneció en la Fundación casi un mes hasta que fue dada en adopción a una mujer que llevaba tiempo intentando ser madre. La nueva familia se instaló en la casa, recibió regalos y la mujer que actuó como abuela adoptiva quedó también en el hogar.
Cuando ya vivían como familia, un tío biológico se presentó y manifestó su intención de asumir la tenencia de la bebé, alegando haber realizado gestiones desde que se enteró de su existencia.
El Código del Niño uruguayo establece que, ante la ausencia de la familia nuclear, los parientes biológicos tienen prioridad para la tenencia. En consecuencia, la Justicia resolvió que el tío debía hacerse cargo de la menor y se inició el proceso para cesar la tenencia de la madre adoptiva.
El volver atrás
La investigación periodística motivó distintas actuaciones oficiales.
La Inddhh envió dos oficios al INAU solicitando explicaciones sobre el procedimiento que culminó con la transferencia de la tenencia de la madre adoptiva, pero esos pedidos no fueron respondidos, informó El Observador. La institución de derechos humanos concluyó que el organismo estatal vulneró derechos de la niña y emitió una resolución solicitando informes que permitan revisar la decisión judicial que separó a la bebé de su madre adoptiva tras ocho meses de convivencia.
El informe requerido debe incluir “el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego”. Además, la resolución exige que se defina “en un plazo no mayor a 30 días” la forma de reparación y que se comunique a la madre adoptante.
Dicha resolución fue presentada después de una denuncia de la madre adoptiva.
Paralelamente, El País informó que el INAU abrió una investigación interna. Desde ese organismo señalan que no son ellos quienes deciden transferir a un niño entre familias, sino la Justicia. El caso judicial permanece abierto y los resultados de la investigación interna se comunicarán a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Dos fallecidos
Este asunto se suma a otros frentes que enfrenta el INAU.
El instituto también debe dar explicaciones por la muerte de dos jóvenes que se encontraban bajo su tutela. El 31 de diciembre, un adolescente que se había fugado de un centro fue hallado muerto en el Río de la Plata; se presume que la causa fue ahogamiento, según Radio Sarandí.
El domingo pasado, un niño de 10 años fue encontrado fallecido en la Clínica Boulevar. El País consignó que el menor no había presentado malestar la noche anterior y que las cámaras de seguridad muestran que se acostó el sábado sin episodios anómalos en la habitación; al día siguiente no se despertó y la causa de defunción fue registrada como “muerte súbita”.
Existen dos investigaciones administrativas en curso por estos hechos.
