Yusef Pezeshkian, identificado en el texto como hijo del presidente de Irán y asesor del régimen, pidió este sábado que se restablezca el acceso a internet en el país tras más de dos semanas de corte ordenado por las autoridades. Pezeshkian advirtió que la medida profundizaría el descontento social y reconoció que la restricción se aplicó en respuesta a la represión violenta de las recientes protestas antigubernamentales.
En un mensaje difundido por la red Telegram, Pezeshkian afirmó que mantener el bloqueo de internet “generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno”. Indicó que no sabe cuándo se restablecerá el servicio y explicó que la decisión de prolongar la suspensión responde al temor de las autoridades por la difusión de videos y fotografías relacionados con las manifestaciones, que se intensificaron la semana pasada.
“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema”, señaló.
Las autoridades iraníes cortaron el acceso global a internet el 8 de enero, en el punto más álgido de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, motivadas por el colapso del rial, la moneda nacional. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por el país y fueron convocadas por diversos sectores, entre ellos el príncipe exiliado Reza Pahlavi.
En los días de mayor tensión se registraron disparos en la capital y, según testigos citados por Human Rights Watch, la afluencia de manifestantes en las calles fue inédita. Bahar Saba, de esa organización, declaró que las autoridades iraníes han recurrido repetidamente a la violencia y la represión brutal contra quienes salen a protestar.
Las cifras de víctimas difieren considerablemente según las fuentes. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que el número de muertos podría superar las 25.000 personas. Por su parte, el gobierno informó el miércoles de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 fueron clasificados como “mártires”, una categoría que incluye a miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes no vinculados a las protestas. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconoció en televisión estatal que la violencia escaló el 8 de enero y que “más de 400 ciudades estuvieron involucradas”.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a 5.137 muertos, detallando 4.834 manifestantes, 208 miembros del personal gubernamental, 54 niños y 41 civiles no involucrados. HRANA afirmó haber contrastado sus datos con registros públicos y testimonios directos desde el interior de Irán.
El grupo de monitoreo NetBlocks sugirió que el gobierno podría estar implementando una “intranet más altamente filtrada” y un sistema de “conectividad basada en listas blancas”. Las autoridades han defendido el corte de internet alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional y atribuyendo las protestas a un supuesto complot extranjero liderado por Estados Unidos e Israel.
A pesar de las explicaciones oficiales, la magnitud de la represión y el hecho de que el propio gobierno haya reconocido miles de muertes subrayan la gravedad de los acontecimientos recientes en Irán.
