La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunció que miles de manifestantes heridos en las recientes protestas habrían sido sacados de hospitales y detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que constituiría una grave violación del derecho a la atención médica protegido por el derecho internacional.
Sato, también profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples informes sobre la extracción forzosa de pacientes en centros sanitarios de varias provincias. Indicó que familiares que acudieron a los hospitales tras los incidentes no encontraron a sus parientes y que, además, a muchas familias se les habría exigido entre 5.000 y 7.000 dólares para reclamar los cuerpos de quienes murieron, lo que impone una carga económica considerable en el contexto actual del país.
La organización HRANA, con base en Estados Unidos, estima en 5.937 el número de fallecidos vinculados a las protestas, cifra que incluye 214 miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 muertos. Sato y Reuters señalaron que no han podido verificar de manera independiente todos esos datos, aunque la relatora considera que las muertes superan con creces las cifras oficiales.
Personal sanitario consultado por Reuters bajo condición de anonimato confirmó que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando registros de manifestantes heridos para detenerlos. Un médico de Rasht relató que, tras operar a decenas de personas por heridas de bala, la Guardia Revolucionaria sacó a los pacientes y se desconoce su paradero. En hospitales de Teherán, una enfermera y dos médicos dijeron que agentes de la Guardia y de la policía registraron habitaciones en busca de heridos por las protestas.
Estas prácticas han disuadido a la población de buscar atención médica por temor a ser arrestada, lo que pone en riesgo la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que tales acciones vulneran el principio de neutralidad médica consagrado en los Convenios de Ginebra, que protege a médicos, hospitales y pacientes para garantizar una atención imparcial.
Según los informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad habrían disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, dirigiéndose a órganos vitales y haciendo uso de fuerza letal de forma indiscriminada. El derecho internacional solo permite el uso letal de la fuerza como último recurso y de manera proporcional. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y advirtió de un aumento de lesiones oculares causadas por el uso de perdigones durante las manifestaciones.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, mezclando dolor con extorsión. Además, señaló que la estrategia de las autoridades de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 240 confesiones forzadas han sido emitidas recientemente por la televisión estatal iraní. En esos videos, personas detenidas admiten delitos que van desde violencia contra fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o con potencias extranjeras, e incluso interacciones en redes sociales con cuentas críticas.
Amnistía Internacional y otros grupos calificaron las grabaciones de propaganda y denunciaron que muchas confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se reporta que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir actos que no cometieron, incluidas expresiones pacíficas de disenso.
El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunos interrogatorios televisados. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, señaló que estas confesiones sirven para fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos al servicio de intereses extranjeros y desalentar la disidencia, además de humillar y desacreditar a los opositores y recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, originadas por problemas económicos, escalaron hasta convertirse en un movimiento masivo contra la república islámica, sobre todo desde el 8 de enero cuando se impuso un apagón de internet. HRANA reporta miles de muertos durante la represión, más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas en el marco de las operaciones de seguridad.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes y advirtió que a menudo estas declaraciones son la única prueba usada para condenar, incluso en casos con pena de muerte. Boroumand explicó que al mostrar a detenidos confesando supuestos vínculos con potencias extranjeras, el Estado busca legitimar la represión bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y emplea las confesiones televisadas como evidencia para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
