El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que en 2025 se registraron al menos 873 incidentes que constituyeron violaciones a la libertad religiosa en Cuba, con un aumento de las represalias entre marzo y junio y mayor intensidad en momentos de crisis social.
El informe indica que la vigilancia estatal se dirigió a comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, así como a sus líderes, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares.
Según el OCDH, el Estado mantuvo una supervisión estricta sobre los grupos de fe, pese a que la Constitución reconoce el carácter laico del país y garantiza el derecho a la libertad de culto.
El documento puntualiza que fueron especialmente vigiladas las comunidades que, desde planteamientos éticos o religiosos, criticaron la crisis nacional o actuaron para ayudar a la población por vías independientes al régimen.
El informe subraya que las acciones represivas afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, a sus dirigentes y a miembros laicos, así como a presos políticos y a sus familias, lo que, según el OCDH, evidencia la subordinación de la libertad religiosa a intereses políticos.
En junio, los obispos católicos cubanos publicaron el mensaje “Peregrinos de Esperanza” con motivo del Año Jubilar, en el que expresaron preocupación por la situación del país, la escasez de bienes básicos, los apagones prolongados y la fragmentación familiar derivada de la emigración.
En ese mensaje, los prelados pidieron crear condiciones para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que, a su juicio, necesita Cuba.
La reacción de las autoridades fue inmediata: el Ejecutivo trasladó su descontento a instancias eclesiásticas y negó la entrada al país a varios expertos internacionales invitados por una entidad católica para un evento académico.
En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, de la Congregación de la Misión, fue expulsado de Cuba tras negársele la renovación de la residencia temporal, medida que el OCDH vincula con un gesto de apoyo a vecinos que protestaban por cortes de electricidad.
Fuentes internas de la Iglesia Católica citadas por el informe atribuyeron la decisión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, bajo presión de la Seguridad del Estado; el sacerdote abandonó la isla en pocas horas.
Durante el año, la Seguridad del Estado realizó acciones represivas contra líderes del Centro de Estudios Convivencia (CEC), entre ellos Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo Toledo, quienes recibieron citaciones frecuentes, episodios de hostigamiento y restricciones de desplazamiento en fechas consideradas sensibles.
El OCDH documentó que Valdés fue citado al regresar de un viaje académico al exterior, donde había recibido un reconocimiento universitario, lo que el informe interpreta como seguimiento y represalia por su proyección internacional.
La ONG también registró la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, cuya esposa, Marilin Alayo, fue nuevamente citada por las autoridades en agosto en el marco de una persecución prolongada contra la familia, que incluye años de vigilancia y restricciones, como la imposibilidad de acompañar al pastor a su hija en su enfermedad terminal.
El informe detalló que en 2025 se documentaron negativas arbitrarias a la asistencia religiosa de varios presos políticos, entre ellos Oscar Sánchez Madan (coordinador del FANTU) y los detenidos por los hechos del 11J Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando; las autoridades penitenciarias, según el OCDH, impidieron encuentros con líderes religiosos, confiscaron objetos de fe y castigaron prácticas espirituales.
En julio y agosto se agravó la represión contra representantes de la Gran Logia de Cuba en un contexto de disputas internas y mayor intervención estatal en la masonería; el informe registró hostigamiento, investigaciones, citaciones, detenciones arbitrarias y presiones sobre la autonomía de estas organizaciones.
El OCDH concluye que los hechos documentados muestran un patrón de presión sistemática contra la dirigencia religiosa y fraternal en Cuba, y que la libertad de culto sigue condicionada por los intereses del poder político.
