Desde el 1 de enero de 2026, Alemania implementó la llamada “pensión activa”, que permite a los jubilados que continúan trabajando después de la edad legal de retiro percibir hasta 2.000 euros mensuales exentos de impuestos.
La reforma fue diseñada en respuesta a la escasez de mano de obra y con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
A diferencia del sistema anterior, la nueva normativa autoriza a las personas mayores de 67 años a compatibilizar trabajo y pensión, elimina el antiguo límite de ingresos adicionales y suprime la restricción que impedía reincorporarse al puesto de trabajo previo, según informó el Parlamento alemán.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, describió la medida como un incentivo sencillo para retener talento con experiencia y ofrecer mayor flexibilidad a los empleadores. “Quienes voluntariamente deseen trabajar más tiempo necesitan condiciones atractivas”, afirmó Bas, citada por The Guardian.
Bas añadió que levantar la prohibición de volver al empleo anterior busca facilitar la continuidad laboral para quienes quieran seguir activos.
La aprobación de la reforma estuvo precedida por un intenso debate político. El comité de coalición, liderado por el canciller Friedrich Merz e integrado por ministros de carteras clave, impulsó los cambios para cubrir vacantes crecientes en sectores como la ingeniería, el transporte, la sanidad y la administración pública.
Carsten Linnemann, portavoz de la Unión Demócrata Cristiana, afirmó que la “pensión activa” modifica el panorama laboral en Alemania y ayuda a captar personal cualificado, al tiempo que permite a los jubilados obtener ingresos adicionales sin reducir el acceso a beneficios sociales previos.
El Bundestag aprobó el paquete legislativo con 318 votos a favor, 224 en contra y 53 abstenciones, una votación que refleja la diversidad de opiniones sobre el alcance de las medidas.
Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Dagmar Schmidt subrayó la prioridad de estabilizar el nivel de las pensiones como medida para proteger el poder adquisitivo de los pensionados: “Decidimos, y esto es especialmente importante para el SPD, estabilizar el nivel de las pensiones”, afirmó Schmidt, según el Parlamento.
En comparación con otros países europeos, la pensión activa alemana representa un incentivo fiscal más directo. La OCDE señala que países como Suecia aplican deducciones fiscales a quienes trabajan después de los 66 años, y Dinamarca utiliza bonificaciones por pensiones diferidas.
No obstante, la mayoría de los Estados miembros recurren principalmente a bonificaciones por aplazamiento de la pensión, en las que continuar trabajando no garantiza ingresos libres de impuestos tan elevados como los previstos por la reforma alemana.
La nueva ley permite combinar salario y pensión hasta 2.000 euros mensuales sin tributar por esa cuantía. La eliminación de la restricción para reincorporarse al empleo anterior beneficia especialmente a empresas que requieren perfiles expertos y favorece la permanencia de personal veterano en áreas esenciales.
Sin embargo, se han planteado dudas sobre cómo interactuará este beneficio con otras cargas fiscales, como el recargo de solidaridad o impuestos municipales, y sobre si el umbral exento se aplicará por persona o por contrato cuando haya varias actividades laborales.
El Bundestag también reconoció que los requisitos técnicos y administrativos para acceder a la pensión activa no están completamente resueltos. Persisten interrogantes sobre la coordinación con pagos de seguros médicos y la adaptación de la normativa local para armonizar los diferentes beneficios.
Analistas citados por The Guardian advirtieron que la reforma podría no alcanzar plenamente a los hogares más vulnerables, ya que solo quienes accedan a empleos de calidad podrán beneficiarse en mayor medida; algunos críticos señalaron además el riesgo de debilitar la protección social.
El paquete legislativo incluyó además otras medidas, como la ampliación de los créditos de crianza para progenitores de hijos nacidos antes de 1992, sumando seis meses adicionales hasta alcanzar tres años de reconocimiento.
Se mantuvo el nivel mínimo de las pensiones en el 48% del salario previo hasta 2031 y se prorrogó la suspensión del “factor de sostenibilidad”, el mecanismo que ajusta la evolución de las pensiones al equilibrio entre cotizantes y jubilados.
El Bundestag calculó que garantizar la estabilidad del sistema costará más de 120.000 millones de euros en quince años, con una revisión prevista para 2031 en función de la evolución demográfica y económica.
El futuro del sistema de pensiones alemán dependerá de las recomendaciones de una comisión de expertos que ya elabora propuestas para reforzar la viabilidad de la jubilación pública; parlamentarios y analistas señalaron que conservar el equilibrio financiero y demográfico es el principal desafío.
El Parlamento alemán admitió que afrontar estos retos exigirá determinación y decisiones valientes en los próximos años para sostener la reforma y proteger la cobertura social de las futuras generaciones.
