Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para suspender los juicios y las ejecuciones de al menos 30 personas —entre ellas menores— acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
La organización señaló que ocho de los condenados recibieron la pena de muerte pocas semanas después de ser detenidos, en procesos en los que faltaron garantías judiciales y se usaron confesiones obtenidas bajo coacción.
Entre los sentenciados figura Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de ese mismo mes.
Amnistía Internacional examinó la sentencia y comprobó que Mohammadi se retractó durante la audiencia, alegando que sus declaraciones habían sido arrancadas bajo tortura.
A pesar de esas alegaciones, el tribunal no investigó y confirmó la condena. En la lista también aparece Mohammad Amin Biglari, de 19 años, junto a otros seis jóvenes condenados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base del grupo paramilitar Basij.
Las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Fuentes informadas indican que Biglari estuvo desaparecido varias semanas, fue llevado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa durante la investigación.
Más tarde se le asignó un abogado de oficio que, según las fuentes, no defendió sus intereses, y la familia no logró designar un abogado independiente para recurrir la sentencia.
Otros casos llaman la atención por la rapidez de los procesos y la juventud de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están procesados por su supuesta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía Internacional reunió testimonios que indican que los adolescentes fueron detenidos antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los habría amenazado y nombró un defensor de oficio que tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención juvenil y están siendo procesados pese a la prohibición internacional de imponer la pena de muerte a quienes tenían menos de 18 años al momento del presunto delito.
Amnistía advirtió que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades presionan a las familias para evitar que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos, según la organización, se caracterizan por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a aceptar abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
