El gobierno iraní divulgó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y sitúa el total de muertos en 3.117. Organismos de la ONU y de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas.
El presidente Masud Pezeshkian informó oficialmente que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117. Explicó que la diferencia de 131 entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, y precisó que esas personas se incluirán en una lista complementaria una vez se corrijan los datos.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que nuevas informaciones y reclamaciones puedan ser examinadas y verificadas sin trámites administrativos complejos.
El comunicado presidencial mantiene la postura oficial que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” supuestamente apoyados por Estados Unidos e Israel. El presidente señaló que los “enemigos históricos” se aprovechan de la situación, sin aportar referencias concretas.
Estas cifras oficiales contrastan con informes internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos en el país indican que las víctimas podrían llegar a 20.000.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la magnitud de los fallecidos y heridos por la represión ha sido muy elevada, de miles de personas, aunque reconoció la dificultad de verificar informaciones debido a las restricciones continuas sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con agentes empleando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Señalan además morgues saturadas, contenedores refrigerados para cadáveres y entierros apresurados sin identificación como indicios de un intento de ocultar la escala real de los hechos.
El casi total apagón de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, cuyo propósito, según distintos observadores, fue impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la crisis económica. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. El rial se depreció notablemente, con el dólar alcanzando los 145.000 tomanes.
Lo que empezaron como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión se intensificó los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Informes y verificaciones periodísticas indican que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar para matar. The New York Times comprobó vídeos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos sostienen que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta ha causado la muerte de miles de personas, incluidos menores, y un gran número de heridos.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el del relator especial.
