2 de febrero de 2026
Buenos Aires, 24 C

Emergencia ígnea alcanza Santa Cruz y otras cuatro provincias

El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en la provincia de Santa Cruz por el agravamiento de los incendios forestales en la región patagónica. La medida, formalizada mediante el decreto 80/2026, se sumó a la declaración de emergencia que ya regía para Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.

Fuentes oficiales adelantaron la decisión a Infobae ante la rápida expansión y la severidad de los focos en áreas protegidas y zonas rurales. El objetivo del decreto es permitir la coordinación inmediata de recursos y acciones para controlar el fuego y resguardar tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.

El texto legal incorpora a Santa Cruz al régimen de emergencia previsto en la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y declara zona de desastre los territorios afectados por incendios. La Agencia Federal de Emergencias quedó a cargo de coordinar las medidas, informar sobre el estado de los focos, supervisar los trabajos de combate y administrar los recursos destinados a la respuesta.

El Gobierno justificó la medida por condiciones hidrometeorológicas adversas en la provincia —sequía, actividad eléctrica y temperaturas superiores a las normales— que configuran un escenario de emergencia con daños ambientales importantes y riesgo para bienes y personas.

El decreto, en su artículo primero, incorpora a Santa Cruz “en los términos previstos en el artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 27.287 y sus modificatorias” y aplica los alcances de los artículos 1° y 3° del Decreto No 73 del 29 de enero de 2026. La emergencia se extiende por un año para adoptar medidas urgentes de supresión y combate de incendios, restauración de zonas afectadas y prevención de nuevos focos.

Santa Cruz no había sido incluida inicialmente en la declaración presidencial del viernes anterior, aunque el gobernador Claudio Vidal había respaldado la petición de los mandatarios patagónicos ante los incendios que afectan a la región desde hace semanas.

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Aunque los mayores focos se mantienen en Chubut, principalmente en el Parque Nacional Los Alerces, en Santa Cruz también se reportaron incendios recientes. Se identificaron al menos tres frentes al sur de Puerto San Julián, en áreas sensibles para el ecosistema como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El frente principal avanzó hasta ubicarse 20 km al sur de la ciudad, cerca de zonas de pesca y a unos 10 km de la Ruta Nacional No 3.

El fuego llegó a 4.000 metros de las viviendas del paraje Campo El Montañés, aunque las autoridades indicaron que no hubo riesgo directo para las construcciones. Se detectó además un posible tercer foco más alejado, con acceso restringido por razones de seguridad. Para enfrentar la situación, el Gobierno nacional desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y recursos logísticos destinados a la respuesta en la Patagonia.

En el decreto, los funcionarios firmantes —entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger— exigieron una respuesta nacional eficaz y urgente que permita articular y disponer los recursos públicos necesarios para cumplir los objetivos planteados.

Medidas para proteger el patrimonio natural

La Administración de Parques Nacionales aprobó las “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024-2027”, mediante la resolución 25/2026, que funcionarán como marco rector para la planificación y la evaluación institucional. Estos lineamientos actualizan y complementan los marcos aprobados en 2001 y 2018, incorporando principios de gestión por resultados y herramientas adaptadas a los desafíos actuales.

El anexo de la resolución, publicado también en el Boletín Oficial, resalta medidas orientadas a la protección del patrimonio natural:

La protección activa del patrimonio natural y cultural se establece como uno de los cinco pilares estratégicos del periodo, orientando acciones para conservar la biodiversidad y los recursos naturales bajo la jurisdicción del organismo. Se prioriza la gestión sostenible para mantener la integridad ecológica de los parques mediante la restauración y el monitoreo de los ecosistemas protegidos. El fortalecimiento de la vigilancia y del control de las áreas protegidas es central, con énfasis en la prevención y respuesta ante amenazas como incendios, actividades ilegales y especies exóticas invasoras. Asimismo, se promueve la colaboración con otros organismos, el ámbito científico y las comunidades locales para consolidar alianzas que mejoren la capacidad de conservación y manejo del patrimonio natural.

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