El lunes, fuerzas de seguridad del gobierno sirio entraron en la ciudad de Hasaka, bastión kurdo en el noreste, en el marco de un acuerdo de integración alcanzado la semana pasada con las autoridades kurdas. La medida inicia la transferencia progresiva de instituciones militares y civiles hasta ahora controladas por las fuerzas kurdas, tras semanas de enfrentamientos y la pérdida de territorios por parte de estas últimas.
Según el pacto firmado el viernes, el despliegue incluye la entrada parcial de personal de seguridad dependiente del Ministerio del Interior en ciudades como Hasaka y Qamishli, mientras que las fuerzas militares gubernamentales no se desplegarán en las zonas de mayoría kurda. El objetivo es estabilizar el cese de hostilidades, integrar gradualmente milicias kurdo-árabes al Ejército sirio y normalizar la administración de las regiones que gozaban de autonomía de facto.
El paso de los convoyes oficiales fue observado por residentes que ondearon banderas sirias y expresaron apoyo, aunque la ciudad seguía bajo un toque de queda temporal impuesto por las autoridades kurdas. Marwan al-Ali, jefe de seguridad interna designado por el gobierno en la provincia de Hasaka, pidió a sus unidades actuar conforme a la ley y proteger a la población y los bienes públicos y privados.
Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), confirmó que ambas partes retirarían efectivos de las posiciones de primera línea en Hasaka y en Kobane. En Kobane, a más de 200 kilómetros de Hasaka, se informó del ingreso de fuerzas de seguridad sirias en áreas periféricas y de la llegada de un convoy humanitario de la ONU con 20 camiones de ayuda.
El acuerdo también prevé la transferencia, en un plazo de diez días, de infraestructuras estratégicas como campos petroleros, el aeropuerto de Qamishli y los pasos fronterizos al control del Estado. La administración siria busca así extender su autoridad sobre todo el territorio nacional, dejando únicamente a la provincia drusa de Sweida fuera de su control directo; en Sweida y en la costa alauita se han registrado episodios recientes de violencia sectaria.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía —aliado clave de Damasco y adversario de las fuerzas kurdas en Siria— advirtió que cualquier intento de sabotear el acuerdo sería reprimido. Erdogan afirmó que la implementación del pacto abre “una nueva página” para el país y exigió que se cumpla sin dilaciones ni obstrucciones.
El Ministerio del Interior sirio aseguró que el despliegue garantiza una transición ordenada en materia de seguridad, protección ciudadana y promoción de la estabilidad conforme a la normativa vigente. Fuentes kurdas describieron la iniciativa como una “prueba” para la cooperación futura con Damasco y alertaron sobre el riesgo de perder derechos adquiridos durante años de autogobierno en la región conocida como Rojava.
Las zonas controladas por los kurdos, que incluyen comunidades árabes y otras minorías, habían establecido una administración propia y participaron en la lucha contra el Estado Islámico junto a una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Tras la caída del antiguo régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024 y la llegada al poder de autoridades islamistas, las garantías formales para la protección de minorías siguen siendo objeto de vigilancia por parte de la comunidad internacional.
En paralelo, un tribunal en Irak anunció el inicio de investigaciones contra 1.387 presuntos miembros del Estado Islámico transferidos desde prisiones sirias, en el marco de un proceso que contempla el enjuiciamiento de alrededor de 7.000 combatientes en territorio iraquí.
El avance de las fuerzas gubernamentales en Hasaka y otras áreas kurdas representa un cambio en el balance de poder en el noreste sirio, donde sectores árabes apoyaron la ofensiva oficialista tras denunciar discriminación bajo la administración kurda. No obstante, parte de la población kurda mantiene el escepticismo ante la transición, temiendo el retorno a la marginación histórica, la pérdida de derechos y la amenaza a su aspiración de autogobierno, en un contexto en el que muchos carecen de ciudadanía.
Hasaka y Qamishli habían estado bajo control kurdo desde los primeros años de la guerra iniciada en 2011, y conformaban el núcleo de la autonomía política, económica y de seguridad en el noreste del país.
(Con información de AFP, Europa Press y AP)
