La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reafirmó su compromiso de suspender el impuesto del 8% a los alimentos tras una victoria electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) que fortalece sus opciones de impulsar medidas de estímulo. La propuesta, que contempla la suspensión del gravamen durante dos años para aliviar el costo de vida, fue presentada por Takaichi como un objetivo largamente buscado por su gobierno.
En una conferencia de prensa, la dirigente afirmó que su gobierno aplicará una política fiscal responsable y proactiva y se comprometió a implementar la suspensión del impuesto “a la mayor brevedad posible”. Rechazó financiar la medida con nueva deuda y señaló la necesidad de alejar a Japón de una política fiscal excesivamente restrictiva y de la falta de inversión.
La reacción de los mercados fue inmediata: las acciones subieron hasta máximos históricos y los bonos a largo plazo recuperaron terreno tras una debilidad inicial. El yen se fortaleció tras una advertencia verbal de autoridades financieras, lo que moderó la presión especulativa. Antes de la elección, la incertidumbre sobre el financiamiento había provocado ventas de bonos y había llevado al yen cerca de mínimos frente a otras monedas.
Analistas indican que el amplio mandato obtenido por Takaichi podría darle margen para ajustar su plan, especialmente tras la derrota de partidos que proponían recortes fiscales más profundos. Takaichi dijo que los debates parlamentarios definirán el calendario y las fuentes de financiamiento, que podrían incluir ingresos no tributarios y recortes a subvenciones vigentes.
Dentro del PLD la visión fiscal de Takaichi —que cuestiona la rigidez presupuestaria tradicional— ha ganado fuerza frente a sectores más reticentes al gasto. Ryutaro Kono, economista jefe para Japón en BNP Paribas, consideró que la victoria aumenta las probabilidades de una reducción del impuesto al consumo y subrayó la intención de Takaichi de cambiar el enfoque fiscal dominado hasta ahora por el Ministerio de Finanzas y por expertos del partido.
El principal desafío será compensar la pérdida de ingresos estimada en cinco billones de yenes anuales (unos 32.000 millones de dólares), una cifra comparable al presupuesto anual de educación. Entre las opciones de financiamiento, se ha puesto foco en los ingresos no tributarios y en las reservas internacionales de Japón, por aproximadamente 1,4 billones de dólares, usadas habitualmente para intervenir en el mercado cambiario. Un uso excesivo de esas reservas podría generar temores sobre ventas de bonos del Tesoro estadounidense y provocar inquietud en los mercados y entre las autoridades de Estados Unidos.
Persisten advertencias sobre el riesgo de que la incertidumbre en el financiamiento provoque nuevas caídas en el mercado de bonos: un aumento marcado de los rendimientos elevaría el coste de la deuda pública, que es equivalente a cerca del doble del producto interno bruto del país. Además, las dudas fiscales podrían debilitar aún más al yen, encarecer las importaciones y aumentar la inflación, neutralizando así los beneficios esperados para los hogares.
Shinichi Ichikawa, investigador sénior de Pictet Asset Management Japan, señaló que Takaichi cuenta con respaldo popular pero aún debe ganarse la confianza de los mercados. Si el temor a un deterioro fiscal provoca una mayor depreciación del yen, los precios de los alimentos importados podrían subir y poner en riesgo el apoyo ciudadano a su gestión.
Con información de Reuters
