El Parlamento Europeo aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania frente a la agresión de Rusia, con énfasis en la adquisición de material militar.
La medida fue aprobada con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. El préstamo, previsto para el período 2026-2027, se financiará mediante emisiones de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros.
Los intereses, estimados en unos 3.000 millones de euros anuales, serán cubiertos por el presupuesto comunitario.
República Checa, Hungría y Eslovaquia quedan al margen del mecanismo y, por tanto, no soportarán impacto en sus presupuestos.
El convenio establece que Ucrania deberá reembolsar a la UE solo después de que Rusia haya asumido y pagado reparaciones de guerra, condición que depende de la conclusión del conflicto; en febrero se cumplen cuatro años desde su inicio.
De los 90.000 millones (aproximadamente 97.000 millones de dólares al cambio actual), 60.000 millones se destinarán a reforzar la industria de defensa ucraniana.
El resto se empleará para cubrir necesidades presupuestarias y estará condicionado al cumplimiento por parte de Kiev de reformas acordadas.
Se espera que los primeros desembolsos puedan efectuarse en abril.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que Ucrania precisará 135.700 millones de euros de financiación entre 2026 y 2027.
Tras la suspensión de parte de la ayuda estadounidense por decisión del presidente Donald Trump, la UE asumió dos tercios de esa cifra; el resto será cubierto por aliados como Noruega y Canadá.
«El apoyo a Ucrania recae en un reducido número de países y es Europa la que asume la mayor parte. Es motivo de orgullo, pero también de interés, porque está en juego nuestra seguridad», dijo la eurodiputada centrista francesa Nathalie Loiseau.
Diputados europeos de extrema derecha contrarios al préstamo intentaron posponer la votación, pero no lo lograron.
Alemania propuso financiar la ayuda utilizando activos rusos congelados en Europa; sin embargo, Bélgica —donde se concentra la mayor parte de esos fondos— se opuso y varios Estados expresaron preocupación por el posible impacto en las normas financieras internacionales.
