El oficialismo obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre sus principales novedades propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado por Patricia Bullrich, recibió 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. Votaron junto con los libertarios el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz.
En la votación en general el peronismo se mantuvo unido en el rechazo. Sin embargo, en la votación de los artículos particulares, los diputados del Frente Renovador se distanciaron y avalaron la baja de la edad de punibilidad. Según sus miembros, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en 14 años.
El proyecto no solo baja la edad de imputabilidad a 14 años, sino que prevé penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos con penas menores a 10 años contempla sanciones alternativas, como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
También se enfatiza la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizados el derecho a la educación, a la atención médica y a tratamientos por adicciones. El personal de esos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y se establece la prohibición de la convivencia con detenidos mayores de edad.
El texto habilita además la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima.
Otro eje central es el reconocimiento expreso de las víctimas en el proceso penal juvenil: la ley asegura su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado criticó la ley vigente, sancionada en 1980, al afirmar que “no previene, no resocializa y no repara” ni ofrece respuestas a las víctimas. Señaló que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que Argentina suscribió pero no había plasmado en una norma específica.
La miembro informante, que preside la comisión de Legislación Penal y condujo las negociaciones del año pasado, sostuvo que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, situación que, advirtió, facilita la captación por parte de organizaciones criminales.
Al respecto, explicó que el amplio consenso con sectores de la oposición se alcanzó tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y la participación de más de treinta especialistas.
Desde el peronismo criticaron que el proyecto no aborda la cuestión desde un enfoque integral. Juan Grabois afirmó que “la edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, y sostuvo que el debate debería centrarse en la salud mental, los consumos problemáticos y en disponer de herramientas para la internación de adolescentes en situación crítica. Señaló que “las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”.
El peronista Juan Carlos Molina se preguntó qué clase de sociedad discute bajar la edad para “meter a los pibes en una cárcel” en lugar de mejorar la educación, los salarios de los médicos o disponer de centros deportivos.
Por su parte, el libertario Santiago Santurio sostuvo que la medida “no va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, asesinado a puñaladas en Santa Fe; Viviam Perrone; Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’; Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera); la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani); Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández); Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).
En la última versión del proyecto, el Gobierno incluyó un artículo sobre los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen: un total de $23.739.155.303, distribuidos en $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se realizó tras advertencias de los gobernadores de que no acompañarían la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.
El exsenador Miguel Ángel Pichetto afirmó que “la baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”.
Minutos antes de la votación, la diputada Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para evitar confusiones sobre la prohibición de que los menores sean detenidos en los mismos espacios que presos mayores de edad.
