El fiscal general de Estambul presento una acusacion de casi 4.000 paginas contra el alcalde encarcelado Ekrem Imamoglu, por 142 presuntos delitos relacionados con corrupcion y crimen organizado, y solicito penas de prision que podrian superar los 2.300 anos, segun medios turcos. Entre los cargos figuran la organizacion y liderazgo de una red criminal, 12 de soborno, siete de blanqueo de capitales, siete de fraude, extorsion y manipulacion de licitaciones.
Imamoglu fue arrestado en marzo junto a varios funcionarios municipales y la acusacion lo define como el “fundador y lider de la organizacion” investigada. El fiscal jefe Akin Gurlek indico que la causa involucra a 402 sospechosos, de los cuales mas de un centenar estan detenidos. La imputacion le atribuye tambien delitos supuestamente cometidos por otros investigados, como soborno y falsificacion documental. Si el tribunal acepta la acusacion y se dicta condena, Imamoglu podria enfrentarse, segun calculos de Haberturk y TRT Haber, a una pena de hasta 2.352 anos de prision.
El politico, uno de los principales rivales electorales del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha negado todas las acusaciones. Fuentes, incluido el Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal fuerza opositora, sostienen que el proceso tiene motivaciones politicas y busca debilitar a la oposicion tras su buen desempeno en las elecciones locales del ano anterior. Los criticos hablan de una “represion mas amplia”, citando la reciente ola de detenciones de cargos del CHP en Estambul y otros municipios gobernados por el partido.
El arresto de Imamoglu provoco protestas masivas en varias ciudades, descritas por la agencia estatal Anadolu como las mas intensas desde 2013. Desde entonces, decenas de funcionarios locales y miembros del CHP han sido detenidos en el mismo caso o en causas relacionadas.
El mes pasado, los fiscales anadieron cargos de espionaje vinculados a una investigacion sobre la campana politica de Imamoglu y a un empresario arrestado en julio por supuestas actividades de inteligencia para gobiernos extranjeros. La acusacion incluye la transferencia de datos personales de residentes de Estambul con presuntos fines de financiacion internacional; Imamoglu califico esas imputaciones de “tonterias”.
Ademas, existen denuncias previas que le atribuyen insultos a miembros del Consejo Supremo Electoral, amenazas contra el fiscal Gurlek y sospechas de falsificacion de diplomas y otros documentos oficiales.
El Gobierno turco rechaza que se trate de una persecucion politica y afirma que el poder judicial actua con independencia, asegurando que las investigaciones se centran en casos de corrupcion y otras irregularidades.
