Suiza votará el 14 de junio sobre una propuesta que podría transformar su política migratoria y su relación con Europa: establecer un tope legal para la población en 10 millones de habitantes.
La iniciativa, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), el mayor partido del país, pretende frenar el crecimiento demográfico que, según sus defensores, genera presiones sobre los servicios públicos y la infraestructura.
El referéndum: una votación decisiva para el futuro suizo
La propuesta exige que el Gobierno actúe antes de que la población, actualmente en torno a 9,1 millones, alcance los 10 millones. Según el texto de la iniciativa, una vez que el censo nacional llegue a 9,5 millones las autoridades deberán denegar la entrada a nuevos inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo y familiares de residentes extranjeros.
El referéndum se enmarca en el sistema de democracia directa suizo, que permite someter propuestas a votación si se recaban al menos 100.000 firmas válidas en un plazo de 18 meses.
El SVP defiende la medida argumentando que el crecimiento poblacional eleva los precios de la vivienda, sobrecarga hospitales y escuelas y pone en riesgo la calidad de vida. En una publicación en su cuenta oficial en X, el partido afirmó que “una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva; la mayoría de la población suiza sufre”, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial.
Un debate que divide a la sociedad y desafía la relación con la Unión Europea
La iniciativa ha provocado divisiones en la sociedad y tensiones en el Gobierno. El Consejo Federal, órgano ejecutivo de siete miembros, rechazó la propuesta por mayoría; el SVP es el único partido del gabinete que la apoya abiertamente.
Encuestas recientes, como una realizada por la firma suiza Leewas, indican que la iniciativa cuenta con un respaldo significativo entre la población, lo que añade incertidumbre sobre el resultado de la votación. El debate gira en torno a si el límite propuesto es una solución válida a problemas concretos o una medida desproporcionada que podría afectar derechos y acuerdos internacionales.
Si se aprueba, la medida tendría efectos inmediatos y amplios: al alcanzar los 10 millones de habitantes, el Gobierno tendría la obligación de rescindir el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, el principal socio comercial de Suiza. Aunque Suiza no forma parte de la UE, mantiene acceso al mercado único y la movilidad de personas gracias a más de 120 acuerdos bilaterales.
Inmigración bajo la lupa
La preocupación por la inmigración se suma a una tendencia europea de incremento de flujos migratorios y cambios demográficos. El SVP señala que la llegada de extranjeros sobrecarga infraestructuras y encarece el mercado inmobiliario, y plantea el referéndum como una medida para proteger el bienestar de la población local.
Los opositores advierten que limitar la población podría perjudicar sectores clave como la salud, la educación y la economía, que dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. También alertan de que poner fin a la libre circulación con la UE podría aislar a Suiza y reducir su competitividad internacional.
La votación ha atraído atención internacional por su posible carácter emblemático en Europa, en un contexto de mayor protagonismo de partidos nacionalistas y ajustes en políticas migratorias. En las semanas previas al referéndum, la campaña del SVP se ha intensificado con mensajes centrados en la protección nacional y la preservación de valores tradicionales, mientras el debate continúa polarizando a la opinión pública entre quienes defienden una política más abierta y quienes abogan por controles migratorios más estrictos.
