Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para frenar los procesos judiciales y las ejecuciones contra al menos 30 personas, entre ellas menores, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
La organización señaló que entre los condenados hay ocho personas que fueron ejecutadas pocas semanas después de su detención en procesos con falta de garantías y basados en confesiones que, según denuncia, fueron obtenidas bajo coacción.
Entre los sentenciados figura Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 por su supuesta relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de ese mes.
Amnistía Internacional revisó la sentencia y constató que Mohammadi se retractó en audiencia, alegando que sus declaraciones habían sido obtenidas bajo tortura.
A pesar de esa retractación, el tribunal no investigó las denuncias y confirmó la condena. También figuran en la lista Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis jóvenes sentenciados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij.
Las sentencias se dictaron alrededor de un mes después de las detenciones. Según fuentes consultadas, Biglari estuvo desaparecido varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa durante la investigación.
Más tarde se le asignó un abogado de oficio que, según la información, no defendió sus intereses, y la familia no pudo nombrar un abogado independiente para presentar recurso.
Otros casos destacan por la rapidez de los juicios y la edad de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están acusados de participar en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía recopiló testimonios que indican que los adolescentes habían sido arrestados antes del incidente y sufrieron agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que, según las fuentes, tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención para adolescentes y están procesados pese a la prohibición internacional de aplicar la pena de muerte a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
La organización advirtió que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Amnistía concluyó que los procesos se han caracterizado por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
