La Confederación General del Trabajo (CGT) puso el foco en los gobernadores provinciales, a quienes acusó de facilitar la aprobación en el Congreso de la reforma laboral; la norma debe volver al Senado pero se prevé que será convertida en ley el viernes.
Argüello, miembro del triunvirato de la central obrera, afirmó que el avance de la iniciativa no habría sido posible sin el respaldo explícito de gobernadores y de legisladores electos por el voto peronista o cercanos al PJ.
En una entrevista en el programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en radio Splendid, explicó que la conducción de la CGT mantuvo gestiones directas con varios de esos mandatarios antes de las discusiones parlamentarias, pero no se llegaron a acuerdos.
Dijo que se reunieron y dialogaron con gobernadores, senadores y diputados, y que pese a esos encuentros los representantes optaron por acompañar la iniciativa tanto en el Senado como en Diputados.
La central consideró determinante el apoyo de los mandatarios provinciales y criticó que gobernadores y diputados ingresados por el peronismo hayan respaldado una ley que la CGT define como regresiva.
Argüello señaló además que el Gobierno logró los votos mediante negociaciones con los gobernadores.
Nombró puntualmente a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quienes atribuyó haber facilitado los votos necesarios en el Senado.
Según el dirigente, esas decisiones habrían surgido de negociaciones que incluyeron obras o financiamiento económico, y advirtió que no corresponde sacrificar la representación pública por acuerdos de ese tipo.
La CGT calificó la conducta de los gobernadores como “entreguista”, al sostener que facilitaron a sus senadores y diputados para que votaran la ley. Argüello detalló intentos de diálogo que no prosperaron: tras un primer compromiso, en ocasiones no hubo nuevas reuniones; dijo que pidió personalmente una audiencia con Sáenz en Salta y que no fue recibido.
Poco antes del tratamiento en la Cámara de Diputados los gobernadores habían organizado un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), pero ese encuentro se suspendió tras gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli.
Argüello subrayó que el movimiento sindical no tiene poder legislativo ni ejecutivo: su función es defender los derechos de los trabajadores, mientras que otros actores deben asumir sus roles institucionales. Ante la consulta sobre si los gobernadores quedaban señalados como traidores, respondió afirmativamente.
Advirtió sobre consecuencias políticas futuras: dijo que la sociedad tiene memoria y que llegará el momento en que deberán explicar lo que calificó como una traición. También dirigió un mensaje a las provincias de Córdoba y Santa Fe, instándolas a considerar el impacto del desempleo y la insuficiencia de ayudas temporales.
La CGT definió la reforma laboral, aún en espera de aprobación definitiva, como una norma que reduce derechos y retrocede condiciones laborales a un marco muy anterior. Argüello afirmó que la ley perjudica al conjunto de los trabajadores.
Vinculó además el avance de la reforma con una crisis política y la falta de una oposición consolidada, y consideró que la política está desordenada tanto en el oficialismo como en la oposición. Sobre la actuación de la CGT, recordó que la central realizó cuatro paros generales y trece marchas en los últimos dos años y que la movilización continuará en ámbitos judicial, legislativo y en la calle, aunque puntualizó que el problema es fundamentalmente político.
Respecto a la limitada adhesión de otros sectores y al debate público, señaló una pérdida de la “batalla cultural” que -dijo- llevó a que narrativas deslegitimen los derechos laborales y a que trabajadores informales perciban al trabajo formalizado de modo negativo.
En cuanto al contexto económico y el empleo, mencionó cifras sobre despidos y cierres de empresas: habló de alrededor de 400 despidos diarios, más de dos mil pequeñas y medianas empresas cerradas, y la pérdida de casi 270.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, y se preguntó cómo se abordará esa situación.
Criticó la postura del Gobierno nacional y de sus aliados en el Congreso, al sostener que la ley favorece a grandes empresas y multinacionales y que incluso muchas pymes se oponen. Reafirmó que el movimiento obrero seguirá defendiendo los derechos y la dignidad de los trabajadores.
Finalmente, reiteró el rechazo a la reforma laboral y advirtió que las protestas podrían intensificarse, al estimar que el conflicto social se profundizará si las políticas priorizan el cierre de cuentas fiscales por encima del bienestar de la población.
