Patricia Bullrich expresó en conversaciones privadas su inseguridad sobre contar con 38 votos asegurados antes del fin de semana. El Gobierno había celebrado la aprobación en Diputados de la reforma laboral, tras el revés por la inclusión del polémico artículo 44 sobre licencias médicas en el Senado, que finalmente fue excluido. Internamente se atribuyó la idea a la senadora y al ministro Federico Sturzenegger, cuya autoría sigue en discusión y que ha generado críticas.
La aparición de ese artículo sorprendió incluso a referentes del bloque PRO. Martín Menem, en una reunión privada con Cristian Ritondo, manifestó desconcierto y cuestionó la lógica del artículo con un ejemplo sobre una víctima de un robo. La polémica creció cuando Sturzenegger admitió públicamente que lesiones en partidos de fútbol recreativos podrían implicar descuentos salariales, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada.
Senadores del PRO y la UCR que respaldaron el proyecto en la Cámara alta admitieron en privado que conocieron el artículo recién cerca de la medianoche, antes de la votación general, y dijeron que la modalidad de votación por capítulos dificultó su rechazo. No obstante, representantes empresariales ya conocían el contenido al inicio de la sesión y habían planteado alternativas salariales durante las discusiones en el Consejo de Mayo.
Tras reconocer el error —aunque algunos aún lo ponen en duda— y luego de que el jefe de bloque del PRO anunciara que su bancada no apoyaría ese artículo, la Casa Rosada coordinó con gobernadores aliados para proteger dos capítulos cuestionados: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), criticado por desfinanciar la seguridad social, y la derogación de varios estatutos, entre ellos el de los periodistas. Fuentes oficiales admitieron momentos de incertidumbre respecto a este último punto.
Javier Milei, apoyado en el resultado electoral de octubre y en la negociación sostenida con gobernadores aliados de provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, San Juan y Córdoba, logró avanzar en la sanción artículo por artículo. Muchos gobernadores recibieron promesas o beneficios como parte de esas gestiones. La CGT, que negoció cuestiones vinculadas a la financiación gremial, convocó a un paro general a raíz de la polémica por el artículo 44.
El oficialismo impuso sus condiciones pese a una negociación en Diputados menos homogénea que en el Senado, y ya aseguró un triunfo previsto para el viernes siguiente. Reclamos como la inclusión de billeteras virtuales para el pago de salarios o la eliminación del FAL no tuvieron la misma fuerza en la práctica parlamentaria que en el discurso público. El artículo sobre billeteras virtuales contó con fuerte presión de gobernadores y con llamados de figuras como Mauricio Macri en defensa de bancos provinciales. En paralelo, hubo redistribuciones de cargos y acuerdos entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores aliados.
Con una oposición fragmentada y aliados negociadores, el Presidente se prepara para inaugurar las sesiones ordinarias con la aprobación de la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE, y para plantear la búsqueda de un mandato reformista que incluya proyectos como la Ley de Glaciares, que otorga más facultades y recursos a las provincias para la actividad minera. Desde el bloque de LLA en el Senado aseguran tener 38 votos para ese proyecto, aunque algunos radicales aún están en duda. Consultoras estiman un fuerte potencial de crecimiento de las exportaciones mineras hacia 2030, con inversiones relevantes previstas en proyectos como Vicuña en San Juan.
En el Gobierno celebran la posibilidad de dinamizar sectores como minería y energía, pero crecen las señales de alerta por la lenta recuperación del consumo, la desigual reactivación de la actividad económica y los riesgos asociados a un tipo de cambio atrasado y una apertura de importaciones que se evidenció con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.
El conurbano bonaerense muestra preocupación y malestar. La UIA supo con antelación que Javier Madanes Quintanilla cerraría la planta de Fate en San Fernando justo antes de la discusión en Diputados, lo que algunos interpretaron como una medida destinada a generar inquietud social. Para la Casa Rosada, concentrada en un programa de ajuste fiscal, la decisión fue vista como una acción deliberada en un momento crítico.
Milei reaccionó con enojo y la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. En el círculo empresario también hubo reproches, por ejemplo, hacia Paolo Rocca de Techint, tras la pérdida de una licitación. En los debates y reclamos empresariales cobró protagonismo Sturzenegger, apodado por allegados como “El Coloso” o irónicamente “Fe”, por la fe necesaria para aceptar algunas de sus propuestas.
La industria está preocupada por la apertura de importaciones y la falta de competitividad en bienes transables. Ese fue el eje del encuentro entre Martín Rapallini, presidente de la UIA, y el ministro Luis Caputo, quien reconoció la inquietud y mencionó la posibilidad de programas de alivio para el sector.
En el Gobierno reconocen que la transición hacia un modelo más liberal y la reconversión industrial que promueve Milei pueden tener costos en empleo. Incluso el FMI instó recientemente a mitigar los efectos sociales de dicha transición.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basados en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se registró una reducción de 21.938 empleadores. El informe mensual de la UIA bonaerense mostró una caída intermensual de 8.075 puestos en octubre pasado, la más pronunciada desde abril de 2024, aunque hubo leves repuntes en algunos rubros.
El dilema central para el Gobierno es hasta qué punto su programa antiinflacionario y las reformas estructurales pueden sostenerse sin erosionar la actividad económica y el empleo. Estudios recientes muestran que la preocupación por el desempleo ha aumentado significativamente en la población.
En el plano externo, la disputa comercial entre China y Estados Unidos y medidas arancelarias de la administración de Donald Trump añaden incertidumbre. El Gobierno argentino sigue de cerca estos movimientos; pese a esto, se prevé que se presenten en el Parlamento los aspectos técnicos del acuerdo comercial con China, aunque con señales de alerta sobre su sostenibilidad.
En reuniones privadas, representantes chinos señalaron la importancia del comercio, y dentro de LLA se reconoció que las visitas oficiales a China generaron entusiasmo entre algunos diputados. Las cifras del intercambio con China muestran un déficit comercial para Argentina en los últimos datos disponibles.
En la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, la situación industrial es especialmente compleja: intendentes que aumentan tributos, reclamos por falta de transferencias y empresas que enfrentan decisiones de reducir producción son parte de un cuadro que preocupa al sector.
Representantes industriales admiten que el empleo puede convertirse en el principal problema del año y señalan la presión impositiva municipal como una carga adicional. Algunos ven beneficios posibles en ciertos cambios laborales, como la derogación de la ultraactividad, especialmente para el control de conflictos en fábricas y ante sindicatos de la izquierda.
Para el gobernador Kicillof la situación social y la tensión política con el kirchnerismo representan problemas adicionales, visibles en el funcionamiento del Senado bonaerense y en el rol de referentes como Verónica Magario.
La interna peronista bonaerense dejó heridas y evidenció una crisis de liderazgo que también se reflejó en la sesión de Diputados y en la incapacidad del kirchnerismo para oponerse de manera eficaz al oficialismo. Algunos dirigentes reconocieron que la reforma laboral hubiera podido ser impulsada por el peronismo si hubieran actuado antes.
En el Congreso se registraron episodios tensos. La diputada Florencia Carignano, filmada desconectando equipos de audio en una sesión, recibió mensajes de apoyo y críticas en redes sociales. Desde el bloque oficialista se informó que hubo respaldos privados a la legisladora, y se promovió la idea de una denuncia penal y una suspensión preventiva, aunque lograrla sería difícil.
Las imágenes y eventos de la sesión reflejan una polarización creciente y la pérdida de normas de convivencia política. Episodios de confrontación física y verbal entre legisladores y bloques son parte de una dinámica más agresiva en el debate público.
Desde Unión por la Patria defendieron su actuación en la sesión alegando que hubo contextos de violencia que impidieron el diálogo y que la nueva distribución de poder en el Congreso quedó en evidencia tras las votaciones.
LLA instauró un estilo comunicacional y político más confrontativo, y sectores del kirchnerismo parecen estar replanteando sus estrategias frente a ese cambio. Algunos dirigentes sostienen que, aunque pueda irse Milei, las formas de hacer política cambiaron y la demanda por respuestas más contundentes está en aumento.
Un dirigente cercano a Cristina Kirchner expresó que las formas políticas han cambiado y que las expectativas de mayor acción son difíciles de cuantificar. También reconoció que, en este proceso, el peronismo logró avances que otras fuerzas, como la CGT, no pudieron concretar.
