Se espera una movilización masiva y un operativo policial reforzado el viernes 27 de febrero, cuando el Senado trate la reforma laboral que podría convertirse en ley. Organizaciones y fuerzas políticas se preguntan si las protestas frente al Congreso serán pacíficas o si se repetirán los incidentes graves registrados en convocatorias anteriores.
Marcha y tensión
El Congreso volverá a concentrar una protesta diversa integrada por sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y sectores más confrontativos. Las columnas comenzarán a reunirse desde el mediodía en las inmediaciones del palacio legislativo para manifestar rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei, con un despliegue de seguridad especial y la aplicación del protocolo antipiquete en la Plaza Congreso.
La convocatoria está encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical, entre otros. También adhieren sindicatos como Seguro, Vidrio, UPCN, Sanidad, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, además de agrupaciones de jubilados y estudiantes. Los organizadores esperan superar la asistencia de las movilizaciones previas, que no alcanzaron la masividad prevista.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, intensificará el vallado en las zonas del Congreso y Plaza de Mayo y replicará el operativo implementado la semana anterior, cuando se produjeron enfrentamientos entre fuerzas federales y manifestantes encapuchados con uso de gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes.
Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), señaló que hay detenciones frecuentes en cada movilización y que ese contexto afecta el proceso de organización y la capacidad de movilización.
La reforma laboral, uno de los proyectos centrales del Gobierno, obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada con 135 votos a favor y 115 en contra, tras un debate extenso. El oficialismo retiró el artículo 44, vinculado a licencias médicas, para facilitar la aprobación. La oposición intentó introducir cambios en otros capítulos, pero el diputado informante Lisandro Almirón rechazó las modificaciones durante la votación nominal de los 26 capítulos. El texto ahora vuelve al Senado, que podría sancionarlo el viernes.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, convocó a “copar el Congreso y todas las calles del país” en la jornada de protesta.
En la convocatoria pública, los organizadores calificaron la reforma como regresiva y sostuvieron que, pese a discursos sobre modernización y formalización, las medidas profundizarían la pobreza y la desocupación.
En el campo social se debate la menor concurrencia de movilizaciones: referentes atribuyen la caída en la masividad a la crisis económica y al endurecimiento de los controles estatales. Caropresi afirmó que, aunque el gobierno dice haber frenado las protestas, las organizaciones siguen movilizándose, pero enfrentan niveles de violencia y restricciones que dificultan mantener cortes y reclamos.
Silvia Saravia, de Libres del Sur, criticó la dirección del gobierno y advirtió sobre retrocesos en derechos laborales, citando la posible eliminación de la jornada de ocho horas y el pago de horas extras como ejemplos del impacto que temen que tenga la reforma.
Saravia agregó que la precariedad económica dificulta que muchas personas participen en las marchas, y denunció prácticas de intimidación como allanamientos, denuncias falsas y controles policiales en estaciones de tren que complican la llegada desde las provincias.
El debate legislativo se produce en un contexto de caída del empleo formal y cierre de empresas, como FATE. El Gobierno resalta la baja de la inflación y afirma que la reforma busca reducir la informalidad y promover empleo registrado; sindicatos y organizaciones sociales sostienen que las medidas implican un retroceso de derechos y ponen en duda esos argumentos.
La protesta coincide además con el cierre de las sesiones extraordinarias y la antesala de la apertura del periodo ordinario del Congreso. El domingo 1° de marzo, el presidente Javier Milei inaugurará el período ordinario; si no hay cambios imprevistos, el oficialismo habrá logrado aprobar el Presupuesto y avanzará en la reducción de la edad de imputabilidad y en la reforma laboral, reformas que durante años fueron rechazadas por el peronismo y que ahora progresan con el gobierno actual.
