El Gobierno británico interrumpió este miércoles el trámite parlamentario para ratificar el acuerdo con Mauricio que transferiría la soberanía del archipiélago de Chagos, incluido Diego García, donde funciona una base aérea conjunta con Estados Unidos considerada estratégica para operaciones en Oriente Medio, Asia meridional y el este de África. El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, informó a la Cámara de los Comunes de la suspensión y dijo que el Ejecutivo mantiene conversaciones con Washington antes de reanudar el proceso.
“Tenemos un proceso en marcha en el Parlamento en relación con el tratado. Lo volveremos a presentar al Parlamento en el momento oportuno. Lo hemos suspendido para mantener conversaciones con nuestros pares estadounidenses”, afirmó Falconer, quien reconoció que el respaldo inicial de la administración Trump al acuerdo no había cambiado formalmente, pero señaló que la postura posterior del presidente estadounidense era un factor “muy significativo” que el Gobierno de Keir Starmer no podía pasar por alto.
La intervención de Falconer generó confusión política inmediata. Una fuente del Foreign Office aseguró a medios británicos que “no existe ninguna pausa” y que el Ejecutivo “nunca ha establecido un plazo”, pero otros indicios apuntan a lo contrario: el proyecto de ley para incorporar el tratado al derecho interno no figura en la agenda de la Cámara de los Lores desde el 20 de enero y no se ha fijado fecha para su siguiente trámite.
El desencadenante inmediato de la crisis fue la intervención de Donald Trump. La semana pasada, el expresidente publicó en Truth Social que el acuerdo era “un acto de gran estupidez” y pidió a Starmer que no “entregara Diego García”, argumentando que la base podría ser necesaria ante una posible operación militar contra Irán y calificando el arrendamiento de 99 años como “tenso” e “inútil”. Conviene recordar que su administración había respaldado oficialmente el acuerdo en mayo de 2025, con el secretario de Estado Marco Rubio describiendo Diego García como “un activo crítico para la seguridad regional y global” y citando el apoyo expreso del presidente entonces en funciones.
El tratado, firmado por Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025, prevé la transferencia de la soberanía plena del archipiélago a Mauricio, mientras que el Reino Unido conservaría el control operativo de Diego García mediante un arrendamiento inicial de 99 años, prorrogable 40 años más. El coste para el Tesoro británico se calcula en una media de 101 millones de libras anuales en precios de 2025, aproximadamente 3.400 millones de libras en total. El Gobierno de Starmer defiende el acuerdo por razones jurídicas y estratégicas, alegando que ignorar el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 2019 —que consideró ilegal la administración británica del territorio— podría poner en peligro la continuidad de la base.
Históricamente, el archipiélago fue separado de Mauricio en 1965 para formar el Territorio Británico del Océano Índico. Entre 1968 y 1973, el Reino Unido expulsó a unas 1.500 personas que vivían en las islas para instalar la base en Diego García. Desde entonces, los chagossianos y sus descendientes han reclamado el derecho a regresar, demanda que el acuerdo no satisface por completo: prohíbe el retorno a Diego García para quienes nacieron allí y deja en manos de Mauricio las decisiones sobre el reasentamiento en las islas exteriores. Expertos de la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial han pedido que no se ratifique el tratado, al considerar que vulnera los derechos de la comunidad chagossiana.
